Las aulas de clases se quedaron vacías en la gestión de Maduro

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Desde el año 2016 Venezuela no cuenta con información sobre el desempeño de los principales indicadores del sector educación. Pese a la opacidad, la crisis sociopolítica y económica del país, que comenzó a agudizarse a mediados de 2015, fue dejando cada vez más las aulas de las escuelas y universidades vacías. En el último trienio, la educación ha sufrido una marcada deserción de estudiantes que, en muchos casos, deciden no cursar estudios para irse a trabajar y obtener ingresos ante la coyuntura económica  compleja o emigran a otras naciones, según los datos que proporciona la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi). Los registros y las declaraciones oficiales evidenciaba desde 2014 que menos niños y adolescentes accedían al sistema educativo.
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La crisis trastocó las mínimas condiciones para ofrecer calidad en la formación de los estudiantes. El Gobierno comenzó a invertir pocos recursos para la educación básica, media y universitaria. El presupuesto en el sector cayó 87% entre 2016 y 2018, según los cálculos que realizó la ONG Transparencia Venezuela. El déficit impedía garantizar el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas, limitaban la producción de conocimiento en la universidades e impedía la prestación de servicios básicos como la alimentación.
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La educación en la gestión de Nicolás Maduro se caracterizó también por diversas protestas en el sector y paros que realizaron los profesores universitarios por lograr mejores condiciones salariales y, además, un presupuesto justo, adecuado a la realidad económica del país, caracterizada por la inflación, y que permitiera cubrir las necesidades de las casas de estudio universitarios. En ese contexto, la renuncia de docentes comenzó a profundizarse en las universidades. El Pitazo presenta las claves de los escenarios más destacados que marcaron al sector educativo en los seis años del período 2013-2019 de Nicolás Maduro.
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La profundización de la crisis estimuló aún más el fenómeno de la deserción escolar en los últimos tres años. A pesar de que el Gobierno no divulgó más datos oficiales en los últimos dos años, la información disponible mostraba una disminución en la matrícula de educación básica. Los datos que presentó la ONG Provea, en su informe de 2017, al hacer una revisión de la información oficial, reflejó que la cobertura se redujo de 7.348.935 en 2015 a 7.195.335 en 2017, incluso ya para el período escolar 2013-2014 se experimentó una disminución de la matricula de estudiantes de 20.433. Los resultados preliminares de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) de 2018 apuntaban que 70% de la población estudiantil, comprendida entre 3 a 24 años, asistía a clases, en comparación con 78% que lo hacía en 2014. La Encovi detalló que 2.546.000 personas de ese rango de edad no están incorporadas en ningún nivel educativo. Otros estudios de campo como el que elaboró la Fundación Redes señalaba que en las 1.500 escuelas consultadas registraron una deserción de 58%, incluso el abandono de las aulas se ubicó en 80% en las unidades educativas de los estados fronterizos.
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Los especialistas atribuyeron que la ausencia en los salones se debe, principalmente, a la imposibilidad de los niños y adolescentes de incorporarse a la educación porque buscan un empleo para obtener recursos. Los padres no cuentan con el dinero para inscribirlos en un colegio privado ni tienen para comprar uniformes o útiles escolares; en otro caso hay jóvenes deciden irse del país ante la crisis económica y por los escenario laborales que no les ofrece una alternativa en cuanto a ingresos; el deterioro de los servicios básicos como agua y servicio electrico y la falta de comida en los hogares, incluso en las unidades educativas, también impedían que los niños asistieran con regularidad a clases. El exministro de Educación, Elías Jaua, aseguró durante su gestión ante el despacho de la esquina de Salas que en el país no hay deserción escolar, aunque admitió que las fallas en el trasporte afectaban la movilidad de los estudiantes.
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Menos bachilleres accedían a la universidad. En octubre del año 2018, Maduro celebró el incremento de matrícula universitaria en el país y apuntó que había aumentado apenas 5% con respecto al año 2017 para ubicarse en 2.853.000 bachilleres, de ese total 78% estaba en casas de estudio del sector público. La opacidad en la información no ha permitido a los especialistas conocer el aumento real de matrícula. En 2017, el Gobierno indicó que 2.850.000 cursaban estudios superiores, eso significa que el aumento entre 2017 y 2018 fue de 0,11%. Entre 2015 y 2016, la matrícula pasó de 2.622.013 a 2.829.520, según registra la ONG Provea, lo que representó un alza entre ambos años de 0,8%. Desde 2013, la matrícula no experimentó un incremento como el que se registró ese año cuando hubo un aumento de 48% estudiantes. El informe de Provea detalló que la merma en la matrícula ha obedecido al déficit de profesores, la inseguridad, la fallas en el transporte, falta de comedores y el precario sistema de becas universitarias. En 2018, asomó la Encovi, 35% de la población estudiantil, comprendida entre 18 y 24 años, dejó de ir a clases, a diferencia de 48% que asistía en 2016. Se sostiene que muchos jóvenes deciden dejar las aulas para trabajar o bien han decidido migrar del país.

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Los estudiantes abandonaron las aulas por dedicarse a trabajar por la situación económica del país | El Pitazo

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Sobre el desempeño de las misiones educativas, que fueron promovidas por el fallecido presidente Hugo Chávez, poca información se conoció debido a que las últimas Memorias y Cuentas del Ministerio de Educación y de Educación Universitaria, Ciencias y Tecnología no fueron divulgadas, aunque los datos previos ya eran limitados e inconsistentes. Lo que se sabe de la voz oficial es por declaraciones que han sido ofrecidas los ministros a cargo del despacho de Educación y otros voceros. Por ejemplo, en la Misión Robinson, programa educativo que tiene como objetivo enseñar a leer y escribir a la población analfabeta, egresaron en 2017 un total de 72.582, mientras que en 2018 egresaron 75.413, un ligero aumento de 3,98% en un año.
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En el caso de la Misión Ribas, que se centra en la formación de bachilleres en una especialidad, los datos ofrecidos por el Gobierno no cuadran: mientras que en noviembre de 2016 indicaban que el programa había graduado 1.776.000 bachilleres desde que se creo el programa social, en 2017 apuntaron que habían egresado 1.083.000 estudiantes. Finalmente, en 2018 el Gobierno dijo que esa cifra aumento a 1.111.783, lo que representa 2,65%. El año pasado, la Misión Sucre alcanzó a graduar a 500.000 estudiantes desde que surgió la iniciativa.
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La opacidad de la información del Gobierno tampoco permitió conocer cuántos planteles educativos fueron construidos en el país durante la gestión de Maduro; pero, a la luz de los datos disponibles, esta materia no se evidenciaron avances significativos. Para el año 2015, el país contaba con 27.626 escuelas públicas y privadas, mientras que en 2005 había 30.058, es decir, 2.412 escuelas menos. En 2014, el Gobierno fijo construir 100 escuelas en todo el país y solo culminó 17. En el informe de Provea se detalla que en 11 años del Gobierno de Chávez se construyó, en promedio, 219 escuelas por año, mientras que en el periodo de Maduro el número disminuyó a 40. Aún así, el exministro de Educación, Elías Jaua, dijo que en 2017 había 30.687 planteles tanto públicos como privados, lo que deja entrever que entre 2015 y 2017 se hicieron 3.061 nuevas escuelas, cifra que para la ONG Provea no está ajustada a la realidad, especialmente por la caída que registró el sector construcción en el país ante la crisis económica en los últimos años. En medio de la reducción de la oferta, el Gobierno invirtió en remodelaciones en el marco del plan «Una gota de amor para mi escuela», que se creó en 2010. En 2017, el exministro Jaua indicó que 4.000 unidades educativas serían acondicionadas, pero luego esa meta subió a 8.000 centros educativos, luego de la aprobación de 138 millones de bolívares. La última información ofrecida es que apenas 1.155 habían sido remodeladas en su infraestructura.
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En medio de la crisis económica, caracterizada por la inflación y amenazada por una hiperinflación, los recursos que destinó el Gobierno para la educación resultaron precarios. El presupuesto destinado para la educación cayó 87% entre 2016 y 2018, según los datos ofrecidos por la ONG Transparencia Venezuela; específicamente la caída en el sector de educación universitaria fue de 92%, mientras que para la integral fue de 83%. En 2017, de un total de 155 mil millones de bolívares, por ejemplo, solo la Universidad Central de Venezuela (UCV) recibió 57,7% de lo que solicitó para sus gastos de funcionamiento y de personal. De los 28.854.646.197 bolívares, 87,8% alcanzaban para cubrir gastos de personal. La merma en el presupuesto impide la producción de conocimiento y comprometió la prestación de servicios como la alimentación.
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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) estuvo empañado de denuncias. La escasez y el alto costo de los productos, dificultó la distribución de alimentos, al punto en que en algunas unidades educativas no servían los tres platos diarios, incluso el algunos casos hasta se suspendió el servicio por varias semanas, según las denuncias que recabó la ONG Transparencia Venezuela. Desde la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se denunció que en 90% del territorio nacional no funcionaba el PAE y, según el informe de la ONG Provea, las fallas en la alimentación acentuaba las inasistencia de los estudiantes a las aulas. Esa aseveración guarda relación con los hallazgo de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) que apuntó que en 2018 cerca de 13% de los alumnos  no fue a clases porque no había comida en la escuela, en comparación con 7% registrado en 2017. En contraposición a las denuncias, el exministro de Educación, Elías Jaua, aseguró para ese momento que el PAE llega a más de 4 millones de estudiantes y señaló que el programa amplió su cobertura al pasar de 16.000 a 18.000 comedores instalados en 25.000 unidades educativas de todo el país.
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Los rectores de las principales casa de estudios superiores del país han denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencias, ha pretendido atentar contra la autonomía universitaria. Si bien desde 2011 el Poder Judicial mantiene suspendidas las elecciones de rectores y demás autoridades universitarias, en los últimos dos años, el TSJ intentó obstaculizar las elecciones estudiantiles. En febrero de 2017, la Sala Electoral del Poder Judicial emitió un fallo en el que exigía suspender los comicios para elegir a los representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV), luego de que el máximo tribunal declara procedente un acción de cuatro estudiantes que alegaron que el proceso se realizaría en días de las inscripciones, incluso consideraron que el proceso carecía de transparencia. Aún así el 17 de febrero se celebraron las votaciones que culminaron con el triunfo de Rafaela Requesens, hermana del diputado Juan Requesens, actualmente encarcelado en Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quien ocupa la presidencia de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV.
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En otro proceso electoral, en la Universidad de Carabobo (UC), el TSJ declaró nulos los comicios en los que resultó ganador Marlon Díaz. Luego de unas elecciones marcadas por la represión y la violencia, el TSJ solicitó que se le diera el cargo a Jessica Bello, quien, según el Poder Judicial, resultó electa como presidenta del FCU-UC. La instancia aseguró que emprendería una investigación por presuntos delitos electorales. Las autoridades de la Universidad de Carabobo y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) catalogaron la decisión del TSJ como «ilegal y arbitraria» y exigieron respeto a la voluntad de los estudiantes.
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