El negocio que vació la mesa de los venezolanos

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Tras una década en la que Venezuela ha liderado acuerdos energéticos con 14 países a través de la entrega de millones de barriles de petróleo, sus ciudadanos padecen cada vez más necesidades. El pago que debía ser con alimentos, en muchos casos se tradujo en un sistema fraudulento de sobreprecios y entregas falsas que benefició más las alianzas políticas regionales y la corrupción local, que el bienestar del pueblo que puso el petróleo

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Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, escribió Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, justo al lado de su firma aprobatoria. El documento que rubricó el 23 de marzo de 2015 detallaba una oferta de importaciones por 446,3 millones de dólares en carne de res, café, azúcar, aceite de girasol, leche y frijoles negros a despacharse durante ese año desde la nación centroamericana gobernada por su aliado Daniel Ortega.

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Más de 300 millones de dólares estaban concentrados en los tres primeros renglones, cotizados a precios que rebasaban referencias internacionales o estaban entre los más altos presentadas en la historia reciente de las exportaciones nicaragüenses. Ese lujo lo asumía el gobierno venezolano, a pesar de que entonces el mercado petrolero mundial del que dependen sus finanzas y las del país ya había sufrido un desplome de 50 %.

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Mientras Maduro culpaba a la guerra económica por la falta de bienes y por la inflación que crecía como un tsunami, aprobaba la adquisición de café verde a 243 dólares el quintal y de carne res a 5.690 dólares la tonelada, montos que superaban los mejores promedios de venta de ambos rubros en 20 años, según cálculos basados en datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). El azúcar superaba en 65 % la cotización de la Bolsa de Nueva York, considerada referencial. “Se puede decir que en la mayor parte de los productos había sobreprecios”, dice un catedrático experto en economía agrícola y desarrollo local a quien se le pidió analizar la lista que fue rubricada por Maduro.

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Documentos muestran la aprobación de Nicolás Maduro a una operación de compra de alimentos de Nicaragua con precios por encima de referencias de mercado

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El plan aprobado por el gobernante venezolano se materializó en un contrato con cargo a recursos públicos que fue ejecutado por empresas controladas por los gobiernos de ambos países. El negocio representó el corolario de una serie de transacciones desde Nicaragua con destino a Venezuela por aproximadamente 2.700 millones de dólares. Una operación que comenzó desde mediados de 2008.

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Todas las negociaciones se concretaron a través de un sistema de compensación de deudas, mediante el cual naciones centroamericanas y caribeñas pagan con bienes parte de los suministros petroleros concedidos por el gobierno venezolano en las condiciones de los acuerdos de cooperación energética creados por el entonces presidente Hugo Chávez.

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El abanico incluye a Petrocaribe, el programa estrella, y a otros suscritos en el seno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba). La espina dorsal del entramado es la corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa sobre la que llovió el maná petrolero hasta julio de 2014, pero que hoy está cercada por las deudas, por los escándalos de corrupción y de lavado de dinero y por el retroceso de la capacidad de producción y refinación.

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La investigación periodística del #Petrofraude revela que lo ocurrido con el presupuesto y el contrato aprobado por Maduro en marzo 2015 no fue un caso aislado. Este tipo de negociaciones es un ejemplo de un patrón de sobrevaloración de precios identificado en un conjunto de operaciones de compensación comercial que involucraron al menos a Nicaragua, Guyana, República Dominicana y El Salvador, los cuatro países más beneficiados con el sistema de compensación que Maduro propone en el presente como modelo para la creación de una zona comercial regional.

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Con base en documentos internos y rendiciones de cuenta de la corporación petrolera, en peticiones de información pública, en estadísticas de comercio internacional y en entrevistas a fuentes vinculadas con las transacciones, #Petrofraude comprobó que millones de dólares de los venezolanos fueron drenados en negocios cuyos términos impidieron que tuvieran acceso a mayores cantidades de alimentos.

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La paradoja no es solo porque los acuerdos energéticos eran presentados como una referencia internacional de comercio justo, ya que el petróleo se entregaba con facilidades a los beneficiarios, sino por las penurias actuales de una población que en los últimos cuatro años tuvo el mayor aumento de casos desnutrición del continente, según datos de Naciones Unidas, y que cerró 2018 con una inflación de 1.000.000 %, de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

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Hiperinflación y desabastecimiento de alimentos afectan a la población venezolana | Rayner Peña, El Pitazo Venezuela

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La evidencia recopilada refleja inconsistencias entre la información de precios y volúmenes contenida en documentos oficiales vinculados con las operaciones y en los reportes de organismos que procesan estadísticas relacionadas con los acuerdos o con la actividad de las aduanas portuarias. Los diferenciales tuvieron destinos inciertos que financiaron la corrupción, según fuentes de la petrolera venezolana.

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El panorama, de acuerdo con documentos a los que se tuvo acceso, fue favorecido por el descontrol de las instancias de Pdvsa que tenían la responsabilidad directa de supervisar las transacciones. Parte de esas operaciones involucraron a personas y compañías que terminaron siendo castigadas, investigadas o vigiladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de activos.

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Esta investigación periodística revela igualmente que empresarios vinculados con gobiernos afines a la denominada revolución bolivariana lograron concretar lucrativas transacciones en el sistema sin que pasaran un mínimo escrutinio público.

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Ningún vocero de Pdvsa atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto. Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera, exministro de Energía de Chávez y articulador de las políticas petroleras venezolanas en la región, sí aceptó referirse al tema y negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013.

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“Todo está auditado”, dijo el exfuncionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.

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El fallecido presidente Hugo Chávez (centro), su sucesor y excanciller, Nicolás Maduro (izquierda) y el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez (derecha) fueron los artífices de los convenios petroleros que beneficiaron a países del Caribe y Centroamérica | Efrén Hernández, El Nacional Venezuela

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Sin embargo, un informe de auditoría apunta a que el mecanismo comercial, en el que se han transado más de 3.700 millones de dólares, careció desde su constitución, hace una década, de adecuados protocolos de seguimiento.

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El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos: “Se evidenció en la revisión del proceso de compensación comercial… la ausencia de una norma que se ajuste para las actividades que deben ser ejecutadas”.

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Los auditores imputaron además a PDV Caribe, filial de Pdvsa constituida en 2006 para encargarse de la gestión de Petrocaribe y de los convenios conexos del Alba, responsabilidades por no haber actuado como el ente centralizador de la compensación: “No cuenta con documentación de soporte suficiente sobre los rubros adquiridos por la República Bolivariana de Venezuela”. Los analistas se referían a facturas, registros de embarque y desembarque y reportes de calidad, entre otros, que debían ser archivados y remitidos a la gerencia financiera para las conciliaciones respectivas.

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La omisión no deja de ser relevante si se considera que la filial desempeñaba un rol internacional estratégico y fue manejada desde su creación por hombres de confianza de Chávez y Maduro. Entre ellos han estado el fallecido Bernardo Álvarez, quien fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos; y Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo.

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En la práctica, según fuentes de Pdvsa, la red de empresas públicas importadoras de alimentos de Venezuela asumió el papel de gestionar las compras y de controlar los documentos de respaldo. Entre esas compañías se encontraban la Corporación de Abastecimiento Agrícola (Casa) y la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y la ya eliminada Corporación Venezolana de Alimentos (Cval).

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El conglomerado ha sido manejado principalmente por militares, algunos de los cuales han sido señalados por incurrir en adquisiciones con sobreprecios, por desviar fondos e incluso han sido blanco de indagaciones de la opositora Asamblea Nacional, que terminó neutralizada políticamente por Maduro.

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El gran cliente

Nicaragua, que recibió hasta junio de 2018 más de 3.760 millones de dólares en préstamos petroleros, se ha servido de la compensación como ningún otro país. Ello ha sido el reflejo de la imbricación de los gobiernos de Caracas y Managua y del apoyo otorgado a Daniel Ortega. Los convenios con Venezuela son una de las claves que explica cómo el régimen de Ortega logró alto favoritismo por muchos años. La cooperación, entre otras cosas, lo ayudó a mantener satisfechas organizaciones agropecuarias afines a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) y a poderosos empresarios agroindustriales locales y centroamericanos.

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Los cargamentos con productos alimenticios remitidos por Nicaragua representaron 70 % de los montos transados en el mecanismo de compensación, lo que generó un boom exportador en el país centroamericano que cedió con la crisis petrolera. Las categorías de la carne de res y el ganado fueron las reinas, porque supusieron más de 1.250 millones de dólares en exportaciones hasta 2017, según datos del BCN. Café, azúcar, frijol negro y leche también han estado entre los renglones más destacados.

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Todos los despachos fueron monopolizados por una gran intermediaria: la binacional Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa). Esa compañía es filial de Alba de Nicaragua (Albanisa) que, a su vez, es una sociedad entre las estatales Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) y PDV Caribe, accionista mayoritaria. Francisco López, uno de los funcionarios de confianza de Daniel Ortega y tesorero del Fsln, hasta junio de 2018 fungió como presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, cargos de los que se retiró luego de que fue sancionado por supuestos actos de corrupción y desvío de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como castigo, le prohibieron las transacciones con ciudadanos y entidades norteamericanas.

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La carne de res figura junto con el café como los principales productos que fueron enviados desde Nicaragua a Venezuela como pago por los préstamos petroleros | Ministerio Alimentación Venezuela

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Albalinisa fue una consentida que logró colocar en Venezuela productos por cotizaciones envidiables para cualquier empresario. En los boletines del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (Mific) son recurrentes las menciones a los “precios preferenciales” o “superiores” ofrecidos por el gobierno venezolano con respecto a otros clientes internacionales. En la carne de bovino, por ejemplo, fueron los mejores pagados no en 20 sino en 30 años, según admitió René Blandón, presidente de la Comisión Nacional de Ganaderos (Conagan), el mayor gremio empresarial del rubro, a AFP en agosto de 2017.

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Las cotizaciones favorables ayudaron a Nicaragua a descontar a un ritmo más rápido la deuda de largo plazo, equivalente a la cuarta parte de los préstamos. También le permitió cancelar con bienes la porción de corto plazo, que equivale a 50 % del financiamiento y que debe completarse en 90 días. El resto de las naciones beneficiarias la paga en efectivo, pero el país centroamericano ha insistido en honrarla con alimentos, según documentación obtenida por #Petrofraude.

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Los privilegios para Albalinisa también incluyeron la permisividad con la baja calidad de algunos productos y con intermediaciones de cargas provenientes de terceros países. La empresa igualmente gozó durante seis años de una relación prácticamente directa con Cval, Casa y otra compañía pública, Café Venezuela, en el marco del esquema de compensación. Según documentos obtenidos de los entes de control venezolanos, las exportaciones nicaragüenses hasta 2014 se realizaron sin que la Gerencia de Finanzas Internacionales de Pdvsa hiciera una sola acta de conciliación con Albalinisa. Las primeras dos se suscribieron, de hecho, en marzo y agosto de ese año.

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Una de esas actas se refirió exclusivamente a los cargamentos de café verde y se basó en datos en los que #Petrofraude identificó inconsistencias. En el documento de conciliación se afirmó que Albalinisa exportó satisfactoriamente a Venezuela 393,6 millones de dólares entre el 31 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con un finiquito que había sido remitido por Café Venezuela. En ese período de cinco años, sin embargo, los despachos totales desde Nicaragua no superaron 248,5 millones de dólares, según una comparación de las cifras del tres instituciones de ese país: el Centro de Trámites de Exportaciones (Cetrex), el Mific y el BCN. Los datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), basado en los reportes de las aduanas, señalan que al país suramericano ingresaron 295,2 millones de dólares en renglón de café verde. Es decir que sólo en este rubro específico de café hay casi entre 145 y 98 millones de dólares de diferencia aproximadamente sin ningún tipo de soporte ni explicación con respecto a los montos que fueron conciliados.

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El acta firmada, basada en un finiquito de Café Venezuela, indica que los despachos fueron equivalentes a 1.884.769 quintales, por lo que cada uno se tasó en aproximadamente 208 dólares, monto que superó como mínimo en 20 dólares el promedio de las ventas al exterior del rubro en esos años de acuerdo con los datos del BCN y del Cetrex. En 2011, por ejemplo, solo compradores de los Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda y Austria superaron los pagos promedios de Venezuela. Esos países suelen ser consumidores de cafés especiales que se transan por más dinero.

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Los precios del café nicaragüense aceptados por Venezuela superaban referencias internacionales

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Un dato adicional arroja sombras sobre la transacción. Según las estadísticas oficiales nicaragüenses al país suramericano solo se remitió un máximo 1,5 millones de quintales y de acuerdo con el instituto estadístico venezolano el volumen fue de 1,4 millones. Las diferencias oscilan entre 300.000 y 400.000 quintales aproximadamente con respecto a las cantidades señaladas en el finiquito.

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El café verde despachado a Venezuela, además, estaba lejos de tener una etiqueta de máxima calidad, de acuerdo con testimonios recabados para el presente trabajo. Productores nicaragüenses recuerdan que entre 2008 y 2015 incluso vendieron a muy buenos precios lotes que se consideraban broza o desperdicio.

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“El café que es para tostadoras locales se estuvo exportando a buenos precios”, confirmó Joaquín Solórzano, presidente de la Asociación de Productores de Matagalpa, zona montañosa donde se produce la mayor parte del café nicaragüense. “Ellos sabían qué calidad estaban comprando, pero, ¿quién se va a quejar en Venezuela?”. Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, confirma que el mercado venezolano era especialmente atractivo por sus precios: “Pagaban un diferencial por encima de Nueva York”.

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Aunque Albalinisa era responsable de los despachos, productores consultados coincidieron en que había intermediarios que recogían el producto. Uno de ellos, según afirman, era la empresa Agroexport en cuya página web se menciona a Venezuela como destino. Un representante de la firma fue consultado, pero negó participación en el negocio y atribuye a un error la referencia del país suramericano en su plataforma.

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Mientras en Nicaragua los productores se beneficiaban del maná petrolero, sus colegas venezolanos padecían controles que les condenaban a pérdidas y a asistir a la depresión del negocio frente al avance de las importaciones. “Los precios controlados por el gobierno siempre estaban por debajo de los costos de producción”, dice Vicente Pérez, caficultor y miembro de la Fedeagro, la principal federación de productores de Venezuela. “El café nicaragüense se pagaba a precios premium, pero era de baja calidad”.

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Productores de Matagalpa, en Nicaragua, admiten que vendieron café de baja calidad para su posterior exportación a Venezuela | Julio López

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Cuentas contradictorias

El segundo documento fue suscrito para conciliar el resto de las importaciones que se realizaron entre junio de 2008 y septiembre de 2013. Se estableció que el monto fue de 1.573 millones de dólares a partir de los finiquitos emitidos por Elio Mejías, presidente de Cval, David Mendoza, director de Casa, y el general del Ejército Carlos Osorio, entonces presidente de la última compañía mencionada. El militar también fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en noviembre de 2017 por supuesta corrupción en el manejo de los programas de alimentación en Venezuela, lo que ha sido negado por él.

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La carne de res fue el principal producto importado en el período. Pdvsa en sus rendiciones de cuenta no señaló el valor de los cargamentos de cortes bovinos en esos años, pero las autoridades estadísticas venezolanas y nicaragüenses reportaron ventas totales que como mínimo fueron de 682 millones de dólares. La corporación petrolera sí aseguró que el volumen que ingresó país suramericano fue de 149.084 toneladas. El dato contradice la información de aduanas del INE que reportó aproximadamente 20.000 toneladas menos procedentes de Nicaragua. Ello supuso una diferencia de al menos 80 millones de dólares si se realizan cálculos a partir de los precios promedios en los que se vendió la carne a Venezuela según los datos del BCN.

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Visualización de Pdvsa

Los negocios dejaron satisfechos al gremio ganadero. Ronald Blandón, quien sucedió a su hermano René en la presidencia de la Conagan, confirmó que la escala de las transacciones manejadas por Albalinisa solo tiene una explicación política: “Fue una coincidencia de las voluntades de Ortega y Chávez”. Además de los empresarios privados, cooperativas sandinistas se beneficiaron del negocio. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, por ejemplo, recibía una pequeña comisión por cada cabeza de ganado que recopilaba entre asociados y enviaba a Venezuela, según confirmó su presidente Manuel Morales. La propia Albalinisa compró en 2009 a la tribu seminole la mayor finca ganadera del país y se supone que así ocurrió con otros ranchos que terminaron controlados por el Fsln, según el Departamento del Tesoro.

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No fueron los únicos negocios que levantaron incomodidades incluso en Venezuela. Albalinisa envió a ese país despachos con mercancía originaria de terceros países, lo que no debía pasar según los acuerdos energéticos. Comunicaciones remitidas desde Casa y Cval a Pdvsa a las que accedió Confidencial reflejan, por ejemplo, la venta de frijoles negros de Argentina, azúcar de Guatemala y de aceite de palma de Honduras por 25 millones de dólares en 2012 y 2013. En el último caso, el general Osorio confirmó la recepción de 2.984 toneladas a 3,9 millones de dólares, precio 80 % superior con respecto al que se le pagaba al país de origen por despachos directos a Venezuela, según se desprende de datos oficiales hondureños.

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Bernardo Álvarez, como presidente de PDV Caribe, preparó un memorándum para la presidencia de Pdvsa el 4 de noviembre de 2013 en el que pidió que se le prohibiera ese tipo de operaciones a Nicaragua. Como parte del documento, incluyó un correo electrónico de agosto de 2013 en que un funcionario de Cval confirmaba que la empresa había suspendido las compras a Albalinisa, entre otras razones, para evitar intermediaciones que pudieran afectar el patrimonio público de los venezolanos y desvirtuar los acuerdos petroleros que enmarcaban la compensación.

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El plan de importaciones aprobado en marzo de 2015 por Maduro sólo confirmó una práctica habitual en relación con los precios. La propuesta le fue presentada por Giussepe Yoffreda, mayor general de la Fuerza Aérea que se convirtió el año anterior en el zar de las importaciones en su calidad de presidente de la Corpovex, institución que recibió la atribución de centralizar las gestiones de compras en el exterior del sector público y privado y que también estuvo en el centro de acusaciones que se ventilaron en la Asamblea Nacional venezolana por su conexión con supuestas importaciones con sobreprecios. El militar le aseguró a Maduro que el plan con Nicaragua serviría para atender la demanda de alimentos en Venezuela y para afianzar el “Proyecto Revolucionario e Histórico” del Alba y Petrocaribe. El gobernante firmó apenas días después de una visita sin previo anuncio a Managua en la que Ortega le brindó solidaridad por la divulgación de una directiva de seguridad nacional de Estados Unidos que calificaba a Venezuela como amenaza. Durante el viaje, el presidente venezolano recibió una condecoración de su homólogo.

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Giussepe Yoffreda, mayor general de la Fuerza Aérea, se convirtió en el zar de las importaciones de Venezuela y tuvo papel clave en el diseño de las operaciones de importación de alimentos bajo el mecanismo de compensación petrolera

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La firma del contrato por los montos señalados por Yoffreda fue confirmada en una comunicación que Francisco López, presidente de Albalinisa, remitió el 6 de noviembre de 2015 a altos funcionarios venezolanos. “El monto del contrato se firmó por 446,3 millones de dólares referido al suministro de carne, leche, café, azúcar, caraotas (frijoles negros), novillos, vaquillas y aceite refinado”, dice el tercer párrafo de la misiva, que fue divulgada por el Diario Las Américas en noviembre de ese año. Aunque no especificó los valores ni volúmenes para cada rubro, los datos de López coincidían punto a punto con la directriz de Maduro.

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López en la carta señaló que el contrato tenía validez para el período enero a diciembre de 2015 y que hasta octubre se habían facturado 391,3 millones de dólares, un dato que contrasta con los del banco central nicaragüense que registró un máximo de exportaciones de 290 millones de dólares en todo el año y el pago de precios promedio por debajo de lo aprobado por Maduro para los casos de la carne, el ganado, el café y el azúcar, lo que abrió otro diferencial para poner lupa.

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El funcionario reclamaba que Pdvsa había dejado de enviar 90 millones en petróleo según la planificación acordada y que ello había obligado a Nicaragua a buscar financiamiento para no detener los envíos de alimentos a Venezuela, situación que López no sabía cuánto tiempo más podía ser sostenida. El contenido de la misiva ratifica que Albanisa pagaba con bienes y no con efectivo la fracción de corto plazo del financiamiento petrolero, lo que fue una excepción continental aceptada por Pdvsa en términos prácticos aunque hasta principios de 2018 los contadores de la corporación petrolera aguardaban por una orden de la junta directiva para para sincerar las cuentas internas según esa realidad, de acuerdo con documentos de #Petrofraude.

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Más allá del acuerdo

Una tendencia semejante a la que ocurrió con la compensación comercial con Nicaragua, sucedió con Guyana, el segundo mayor beneficiario del sistema. Mientras el Partido Progresista del Pueblo manejó el poder en ese país, con el que Venezuela mantiene un diferendo fronterizo, se le dio un tratamiento privilegiado. La organización es afín al chavismo y perdió el poder en 2015, lo que hizo que los contratos se suspendieran.

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Durante seis años se despachó más de un millón de toneladas de arroz blanco y paddy para Venezuela a cambio de los préstamos petroleros. De acuerdo con cálculos de la investigación de #Petrofraude, basados en el análisis de reportes de la estatal Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana (GRDB por sus siglas inglesas), el gobierno venezolano pagó en el período al menos 100 millones de dólares por encima del precio promedio al cual el país caribeño vendía a otros clientes internacionales.

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En 2010, por ejemplo, Caracas aceptó la cotización de 700 dólares por tonelada, mientras que los compradores de la Unión Europea adquirían la misma cantidad por 224 dólares menos.

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Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2016, incluso plantea perplejidad por la inclinación de las autoridades venezolanas a negociar un producto de gran valor de intercambio como el petróleo en condiciones semejantes por otro de menos valor como el arroz.

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Venezuela se transformó gracias a los convenios petroleros en el cliente que mejor pagaba el arroz producido en los campos de Guyana | Andrew Flecman

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“El mayor beneficio para Venezuela no parece ser económico”, se señala en el texto, que sugiere que la ganancia mayor se obtenía en el campo diplomático con el apoyo recibido en la OEA.

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Los términos del intercambio no correspondieron con el convenio Petrocaribe, que señala en su quinta cláusula que los productos despachados para la compensación de deudas deben tener precios preferenciales. Ello se ratifica en los manuales para regir el tema que han sido aprobados por los ministros de los países adheridos.

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Las asignaciones de los contratos con Venezuela causaron malestar en el sector. Rajndra Persaud, presidente de la Asociación de Exportadores y Molineros de Arroz, afirmó en entrevista para esta investigación, que la selección de los empresarios que participaron en el mecanismo de compensación de Petrocaribe obedeció principalmente a “decisiones políticas”.

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Turhane Doerga, un ex ejecutivo de la industria y activista político, asegura que los contratos se concentraron entre pocos molineros que tenían conexiones con el anterior gobierno y que incluso un grupo empresarial sin experiencia y con trayectoria en el negocio de los restaurantes, hoteles y gimnasios obtuvo lucrativos cupos de envíos a través de la empresa Buddy’s Rice Mills Complex con la que dieron sus primeros pasos en el área. Sus representantes fueron contactados para el presente trabajo, pero no respondieron.

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Doerga es conocido en Guyana por haber reclamado airadamente la situación en una reunión celebrada en 2014 entre molineros y autoridades que manejaban el convenio de Petrocaribe y por haber presentado ante la Unidad Especial de Delincuencia Organizada de la policía de Guyana una denuncia en la cual asegura que alrededor de los despachos a Venezuela no solo prosperó un esquema de privilegios, sino de fraude por el supuesto envío de producto de baja calidad con certificados falsos y por el pago de sobreprecios en los fletes de exportación, que según sus datos duplicaban las tarifas ordinarias y eran semejantes a los que se pagan para cargamentos hacia Europa.

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Turhane Doerga, un exejecutivo de la industria de arroz y activista político en Guyana, ha cuestionado la forma cómo se gestionaron los despachos para compensación petrolera | Grisha Vera El Pitazo

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Voceros de la Gbrd fueron contactados en Guyana y luego por correo electrónico para consultarles sobre las operaciones de venta de arroz de Petrocaribe. No accedieron a contestar preguntas. Seis ex directivos de la institución se encuentran bajo investigación en ese país por supuesto uso irregular de fondos obtenidos gracias al convenio. Dos de ellos fueron entrevistados y negaron responsabilidad en manejos inadecuados.

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Donald Ramotar, quien fue presidente de Guyana entre 2011 y 2015, fue contactado para el presente trabajo. Se le enviaron consultas por correo electrónico para conocer sus respuestas con respecto a los precios acordados con Venezuela y la escogencia de los molineros. No respondió, pero en declaraciones previas, ha dicho que las acusaciones e investigaciones desatadas tienen carácter político.

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República Dominicana y El Salvador han transado respectivamente 70 y 48,8 millones de dólares en el sistema de compensaciones vía Petrocaribe según datos de ambos países. El informe de auditoría al que tuvo acceso #Petrofraude, hace mención de casos en los que se identificaron sobreprecios de no menos de 10,1 millones de dólares en rubros como azúcar cruda, aceite de soya y frijoles negros.

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Estos últimos fueron despachados desde República Dominicana en 2010. La operación involucró 995 toneladas equivalentes a 1,24 millones de dólares. El promedio del precio fue de 1.250 dólares por tonelada, casi 100 dólares por encima de tasas promedio de la época. José Suriel, jefe de la Oficina de Petrocaribe de República Dominicana, dijo en 2012 a la prensa local que la operación fue resultado de una compra a terceros países, lo que había violado términos de convenio. El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, Manuel Matos, aseguró a periodistas de esta investigación que las habichuelas fueron compradas a China y Nicaragua y despachadas desde la isla caribeña como si fueran dominicanas.

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Aunque Suriel había revelado seis años antes la irregularidad, consultado para este proyecto negó la versión: “Eso nunca pasó de ser un rumor que no fue verificado mediante una comprobación documental válida”. Según Suriel, la selección de empresas y la fijación de los precios dependía solo de autoridades venezolanas y no de las dominicanas. Pero cuando el país caribeño se unió a Petrocaribe, al Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD) se le encomendó el registro y depuración de las empresas que participarían en el convenio.

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Uno de los principales casos salvadoreños mencionados en la auditoría fue el resultado de una triangulación aprobada en abril de 2015 por Asdrúbal Chávez, ministro de Energía, a solicitud de Eulogio del Pino y Bernardo Álvarez, presidentes de Pdvsa y PDV Caribe, que igualmente se habían hecho eco de una petición del general Yoffreda.

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A la empresa Alba Petróleos de El Salvador (Albapes), receptora de créditos venezolanos de Petrocaribe de más de 1.100 millones de dólares, se le autorizó la posibilidad de explorar la compra de productos en otros países, como Australia, Nueva Zelanda y Colombia, para cargarlos a las cuentas de la compensación. Albapes es una sociedad entre Enepasa, empresa constituida por alcaldías del Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional, y PdV Caribe, que controla la mayoría de las acciones.

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La transacción mencionada en el informe de auditoría se concretó con un cargamento de leche al cual, según los analistas de la petrolera, se le imputó un sobreprecio de 2,6 millones de dólares que causó una lesión financiera en Pdvsa. Que el hecho tuviera origen en una compra aprobada a proveedores de un tercer país, fue calificado de “desviación” de los propósitos del convenio.

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Aunque no se aportan más detalles, los medios participantes en #Petrofraude hicieron una verificación en los datos aduaneros de El Salvador. Una serie de despachos de leche se realizaron desde ese país hacia Venezuela en 2015. Fueron por un total de 991 toneladas y 3,2 millones de dólares, lo que supuso precio mínimo de un millón de dólares por encima de los promedios internacionales, según cálculos propios.

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En la información se señala que el producto fue adquirido en Australia. Corpovex no figura como receptora sino otra empresa estatal para la cual se hizo la gestión: CVAL. Albapes tampoco aparece como remitente y en cambio está registrada una compañía desconocida, denominada Proveedores Diversos A&G, como encargada del envío.

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Periodistas que participaron en esta investigación visitaron el domicilio legal declarado por la compañía y lo encontraron en una vivienda en una colonia de clase media en Santa Tecla, La Libertad, alquilada por una familia que asegura que ninguna empresa ha operado allí al menos en los últimos dos años.

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En la sede de la empresa que envió leche a Venezuela desde El Salvador no funciona organización alguna | Melvin Rivas, La Prensa Gráfica El Salvador

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Su anterior domicilio legal igualmente fue verificado y es otra residencia en el barrio Lourdes de San Salvador en el que sus ocupantes señalan que la firma ya no funciona allí. Proveedores Diversos A&G fue fundada en 2010 con 6.000 dólares de capital. Los accionistas de la empresa, Sonia Alas y Francisco Gallardo, localizados para este trabajo, no quisieron hacer comentarios sobre la intermediación con la leche, la conexión con Petrocaribe y el salto de capital de su empresa a más de tres millones de dólares.

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Relaciones privilegiadas

Los auditores de Pdvsa no profundizaron en las relaciones políticas de algunos de los empresarios involucrados en los despachos. Un caso está relacionado con la empresa Abonos Dominicanos (Abodom), constituida en septiembre de 2013 y que al año siguiente envió a Venezuela 2,58 millones de dólares en fosfatos defluorados, un producto comúnmente empleado como alimento de aves de corral. Para el momento de la operación, dos de los accionistas de la compañía eran Ángel Estévez y José Ramón Peralta, ambos destacados dirigentes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estévez, un agroempresario que ejerce cargos públicos desde la llegada de Danilo Medina al poder en agosto de 2012, primero como presidente del Banco Agrícola, luego como ministro de Agricultura y más recientemente desde Medio Ambiente; es accionista de Abodom a través de la empresa Comesa, cuya titularidad ha sido revelada por el propio funcionario en sus declaraciones juradas.

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Peralta, ministro administrativo de la Presidencia dominicana desde 2012 y mano derecha del actual mandatario Medina, es socio de Estévez en Abodom. El empresario devenido en funcionario ha sido desde el principio el titular de acciones de la compañía, primero a través de Agrotécnica Central y a partir de 2016 con Inversiones Siracusa. Ninguno de los dos respondió las peticiones de entrevistas para este trabajo que fueron tramitadas a través de sus respectivos equipos de comunicaciones.

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José Ramón Peralta (izquierda) y Ángel Estévez (derecha) son ministros del gobierno del presidente Danilo Medina en República Dominicana y socios de una empresa que envió bienes a Venezuela bajo el paraguas de Petrocaribe | Pedro Jaime Fernández, Diario Libre República Dminicana

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Desde República Dominicana, también se sirvieron del mecanismo de compensación empresas con ramificaciones en Venezuela. Una de ellas fue Productora Panorama que remitió pastas alimenticias por 28,1 millones de dólares y más de 17 mil toneladas. De acuerdo con esta investigación, la operación fue una intermediación. Así lo confirmó Rafael Espinal, quien fue jefe de la Oficina de Petrocaribe en República Dominicana. “Productora Panorama era una comercializadora”. Según el funcionario, la empresa compró localmente y luego empaquetó y reenvió. En promedio, vendió cada kilogramo a 1,65 dólares, precio comparable con el que pagó Venezuela a fabricantes italianos durante el período, según datos del INE.

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Productora Panorama, de acuerdo con los datos presentados por los accionistas ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, es propiedad de un empresario venezolano: Fran Carlos Rincones. Su nombre aparece relacionado en otras compañías con Tomás González, quien ha sido uno de los intermediarios más importantes relacionados con ventas millonarias de alimentos a las filiales de Pdvsa. Ambos están vinculados a través de la empresa Grupo Pacific Internacional fundada en Panamá y la cual es una de 10 compañías de González que ha registrado el empresario en ese país. Rincones en Caracas es socio de la compañía Alimentos GRS fundada en 2010. La empresa, según sus actas, se constituyó en un acto al cual asistió como observadora Karen Leyre Ortega, una ex funcionaria que trabajó en el Ministerio de Alimentación de Venezuela bajo la gestión de Osorio y que pasó a ser accionista en 2012. La sede declarada por Productora Panorama en Santo Domingo fue visitada por periodistas de este trabajo, pero allí no encontraron a representantes de la empresa.

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Un caso semejante al de Abodom fue ventilado en noviembre 2015 en Surinam, donde le atribuyeron a la compañía Jubosa Group vinculación con Winston Lackin, quien hasta agosto de ese año había sido ministro de Relaciones Exteriores del presidente Desi Bouterse. La compañía mencionada fue favorecida en marzo de 2015 con la asignación de un contrato que le permitió enviar, gracias al esquema de compensación, 15 mil toneladas de arroz por aproximadamente cinco millones de dólares a Venezuela. Según denuncias publicadas en la prensa local, el director de Jubosa Group era un hermano de Lackin. Las acusaciones fueron impulsadas por el parlamentario Asiskumar Gajadien quien también afirmó que el pago que se les daba a los productores era mínimo, lo que contradecía el espíritu de Petrocaribe.

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Lackin, quien en sus intervenciones públicas se posicionó como defensor de Petrocaribe y del Alba, respondió a las acusaciones en una declaración que ofreció a una televisora local que quedó registrada en Youtube. En el mensaje rechazó responsabilidades, dijo que como ministro se limitó a facilitar la existencia del acuerdo con Venezuela pero no habló específicamente de su hermano. En referencia a Gajadien, dijo lo siguiente: “Lo que ha dicho ese hombre no tiene sentido alguno”. El parlamentario fue contactado por periodistas de esta investigación por escrito, pero no respondió comunicaciones para dar más detalles de su denuncia. La operación de Jubosa Group fue una de las que obtuvo la aprobación directa de Maduro, de acuerdo con los documentos de auditoría a los que tuvo acceso #Petrofraude. La gestión de la operación también estuvo a cargo del general Yoffreda de Corpovex.

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Fuentes que estuvieron ligadas a la ejecución de las transacciones de compensación indican que cuando el mecanismo comenzó no tenía todas sus reglas claras. “Se fue corrigiendo con el tiempo”, indica Espinal. Al respecto solo precisó que las tardanzas del gobierno venezolano en enviar los finiquitos con los cuales se pagaba a los involucrados influyó en que los empresarios locales decidieran ajustar los precios con alzas. Según documentos de Pdvsa los finiquitos podían tardar hasta año y medio.

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Los millones de dólares que se distribuyeron en magníficos precios y negocios, según productores consultados en los países beneficiados, crearon una bonanza temporal que con la crisis de precios petroleros ya ha pasado. En Venezuela, los productores de rubros básicos como la leche, el arroz, la carne y el café básicos enfrentan la sensación de que nada sacaron del boom y que ahora su aporte es menor para la alimentación de los venezolanos.

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#Petrofraude es una investigación liderada por la plataforma latinoamericana de periodismo colaborativo CONNECTAS en alianza con Confidencial de Nicaragua, El Pitazo de Venezuela, Diario Libre de República Dominicana y La Prensa Gráfica de El Salvador.