Fallecidos por resistencia a la autoridad aumentaron durante el 2018 en Falcón

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El Cicpc encabeza la lista de participación en enfrentamientos. Un total de 59 personas en Falcón fallecieron en combate contra funcionarios de este organismo. (Foto: Cortesía Revista Cicpc)

Coro. De acuerdo con el registro periodístico compartido por el periodista Gerardo Morón, las cifras de fallecidos en enfrentamientos con organismos de seguridad aumentaron durante el 2018 en el estado Falcón. En este último año 104 personas perdieron la vida por el delito tipificado como resistencia a la autoridad.

Si bien se registró una disminución del 32% en la cantidad de homicidios registrados en la entidad, las cifras sobre fallecidos en enfrentamiento aumentaron 28% en comparación a los datos de 2017, cuando se contabilizaron 81 muertes por esta causa.

La cantidad de fallecidos por enfrentamientos ha venido en escalada durante los últimos cuatro años: Durante 2015 se contaron 53 personas; para el año 2016 la cifra aumentó en 66 fallecidos, por lo que el año 2018 ha sido el más conflictivo y agresivo para presuntos maleantes.

 

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Para el abogado y activista de Derechos Humanos, Jean Carlos Guerrero, este aumento debe crear alarma en la comunidad falconiana porque podría tratarse de presuntas ejecuciones extrajudiciales y cuestionó que exista una patente de corzo para dar pena de muerte al margen de la ley. (Foto cortesía Coprodeh)

Posibles ejecuciones

Tres hechos dieron de que hablar. El más sonado se trata del caso de los prospectos del béisbol, Harold Áñez y Yerwins Medina, de 16 años, quienes perdieron la vida en un presunto enfrentamiento con funcionarios tras participar en un atraco a una frutería en la ciudad de Coro.

El hecho ocurrió el sábado primero de diciembre de 2018 en horas del mediodía. De inmediato familiares y allegados salieron a protestar, defendiendo la presunta inocencia de los chicos que habían salido a una práctica de béisbol. La fiscalía de Derechos Fundamentales y hasta el director nacional del Cicpc, Douglas Rico investigaron este caso que aún espera por los resultados de balísticas para terminar de esclarecerse.

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Aun cuando el prontuario policial parece suficiente argumento para justificar un final violento, tal vez bajo la consigna de “Al que hierro mata, a hierro muere”, la muerte de Alexander Francisco Rivero Semeco, de 27 años y Jorge Luis Ventura Pérez alias “el Memin” generó también protestas y denuncias por parte de sus familiares. Las evidencias demuestran que los doss eran delincuentes.

Ambos estaban presos en el retén de Polifalcon, participaron en una trifulca, fueron aislados, y posteriormente se dieron a la fuga. En su plan de huida fueron encontrados la madrugada del 29 de abril por funcionarios de la policía estadal, que dispararon en respuesta al ataque de los dos delincuentes.

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En un terreno baldío se habrían enfrenado Alexander Semeco y Jorge Ventura, ambos fugados y con gran actividad delictiva. No obstante, se abrió una investigación sobre el caso que arrojó que ambos fueron ejecutados por funcionarios policiales. (Foto cortesía Carlos García)

 

Familiares de los fallecidos hicieron la denuncia por varios medios, lo que dio pie a una investigación en la que un grupo de policías fueron arrestados por ejecución extrajudicial. A los reos, según familiares, le habrían aplicado la “ley de fuga”, esa en la que les dan a las personas la oportunidad de correr por sus vidas y luego les disparan para simular que huían.

El miércoles 24 de enero del 2018, otro caso puso en tela juicio la versión oficial sobre un enfrentamiento. Rafael Alejandro Nuñez, con antecedentes por posesión de drogas y secuestro murió a manos de oficiales de Polifalcón con una escopeta entre sus manos, en el sector La Estación de la población de Churuguara en la sierra falconiana.

Un aparente caso más de un delincuente fallecido se tornó en una investigación sobre ejecución extrajudicial, cuando dos hombres y una mujer fueron encontrados muertos con tiros en la cabeza en una zona montañosa cerca de Siquisique, capital del municipio Urdaneta del estado Lara, y resultaron ser la esposa, el cuñado y un amigo de Rafael Nuñez.

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Familiares afirmaron que se los llevaron a la fuerza y que testigos aseguran que el mismo día en el que Rafael presuntamente se enfrentó a Polifalcón a los otros tres los montaron en una patrulla policial y luego fueron encontrados sin vida. Sobre este caso no se habló más.

Denuncia pública

Para Jean Carlos Guerrero, abogado al frente del Comité de Víctimas de los Derechos Humanos en el estado Falcón (Coprodeh) es importante mantener la denuncia pública sobre estos hechos, especialmente por el aumento de fallecidos por enfrentamientos con funcionarios policiales, que coincide con el retorno de Oswaldo Rodríguez León como funcionario, ahora como secretario de seguridad ciudadana en la entidad.

“Recordemos que durante la gestión de Rodríguez León como comandante de Polifalcón en los años 2000-2005 se suscitaron al menos 263 víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales en el estado y tres desapariciones forzadas. De estos casos, tres fueron de conocimiento de organismos internacionales, en uno de ellos el Estado Venezolano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte violenta de Néstor Uzcátegui así como las amenazas sobre Luis Uzcátegui y su familia por denunciar el hecho”.

 

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Una comisión mixta entre el Cicpc y el Servicio de Investigación Penal en Falcón (Sipef) habrían participado en el presunto enfrentamiento en el que fallecieron los peloteritos Harold Áñez y Yerwin Medina, un caso polémico sobre el accionar de los funcionarios de seguridad. (Foto Polifalcón)

Para Guerrero es cuestionable que “de manera abrupta y poco transparente” Rodríguez León se encuentre en libertad y ejerciendo funciones públicas en materia de seguridad pública cuando tiene una condena por la desaparición forzada de Javier Vargas. “No es coincidencia que el patrón de muertes por presuntos enfrentamientos se vuelva a reproducir en el estado Falcón”.

El abogado explicó que durante los años de la gestión anterior de Rodríguez lograron identificar un patrón en el que las víctimas potenciales eran jóvenes de sectores empobrecidos de la sociedad falconiana, quienes pudiesen o no tener vinculación con problemas judiciales o policiales, a quienes luego se les criminalizaba después de ser asesinados en procedimientos dudosos.

“En esa época logramos evidenciar que le sembraban armas a las victimas para justificar el accionar de la policía” explica Guerrero. Este punto coincide con el caso de los prospectos del béisbol, cuyos padres afirman que las armas incautadas en el hecho fueron colocadas después por los funcionarios. Otro patrón identificado fue la creación de grupos élites dentro de la policía para llevar a cabo tales procedimientos.

“Lo más triste es ver que personas que han sido señaladas y que han comprometido la justicia venezolana y que han enlodado el accionar del estado de derecho venezolano, como Rodríguez León, y además condenado, vuelva a ejercer funciones públicas”.

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El comandante Oswaldo Rodríguez León es el secretario de seguridad ciudadana de la entidad falconiana. Coprodeh recordó que sobre él pesa una condena por desaparición forzada. (Foto cortesía Gerardo Morón).

Acotó Guerrero que en el estado Falcón ha sido recurrente contratar a funcionarios vinculados y hasta condenados por hechos de violación de DDHH. Además del caso de Rodríguez León, contó la contratación del Jesús López Marcano como jefe de la policía del municipio Carirubana en el año 2017 vinculado al a desaparición forzada de Javier Vargas en 2003, y que además fue destituido por el famoso caso de la narcoavioneta de Paraguaná en el año 2011.

En el último año de gestión de la exgobernadora Stella Lugo, fue designado como jefe de la policía estadal el comandante Juan Alexander Rojas quien estuvo involucrado en la muerte de un joven en el barrio Curazaíto y en el que varios policías fueron condenados por ejecución extrajudicial, de acuerdo con información de Guerrero.

Al respecto, el activista enfatizó: “Hay que recordar que en Venezuela no está prevista la pena de muerte, por lo que esa política en la región de dar muerte al margen de la ley, convierte a los funcionarios en delincuentes porque no van solo contra personas con problemas con la ley, sino que al final, ese accionar se sale de las manos y termina lesionando la integridad familias y jóvenes de bien”. O al menos, no eran delincuentes.

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