Amnistía Internacional solicitó medidas para garantizar derechos de venezolanos en el extranjero

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Venezuelan citizens cross the Simon Bolivar international bridge from San Antonio del Tachira, Venezuela to Cucuta, Norte de Santander Department, Colombia, on July 25, 2017. Some 25.000 Venezuelans cross to Colombia and return to their country daily with food, consumables and money from ilegal work, according to official sources. Also, there are 47.000 Venezuelans in Colombia with legal migratory status and another 150.000 who have already completed the 90 allowed days and are now without visa. / AFP PHOTO / Luis Acosta
AFP PHOTO / Luis Acosta

Amnistía Internacional solicitó a los países suramericanos que se reunirán este 3 y 4 de septiembre en Quito atender el éxodo de venezolanos que huyen en lo que calificaron como «una crisis humanitaria», y garantizar su estadía y el cumplimiento de sus derechos básicos.

A través de un comunicado, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional a acordar las siguientes medidas:

  • Expresar de forma unánime que Venezuela atraviesa una situación de violaciones masivas de derechos humanos y que, en tales circunstancias, las personas forzadas a huir requieren una respuesta inmediata enmarcada en una perspectiva de respeto a sus derechos humanos. Asimismo, deben brindar acceso sin restricciones a los sistemas de protección internacional como el refugio u otros mecanismos complementarios, en el marco de sus compromisos adquiridos. Deben abstenerse de imponer barreras y/o condiciones que obstaculicen el acceso a estos mecanismos de protección, incluyendo la imposición de solicitud de pasaportes o visados.
  • Tomar medidas de protección que permitan un reconocimiento Prima Facie que hagan expedito el acceso de personas venezolanas a una estadía legal y con las salvaguardas apropiadas, fortaleciendo a su vez los sistemas internos de protección.
  • Asegurar el estricto apego y respeto al principio de no devolución. En este marco, los Estados deben garantizar estándares mínimos de legalidad y accesibilidad que permitan a la población venezolana acceder a servicios públicos y derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación, en particular a la salud, educación, la libertad de circulación, derecho a la unidad familiar, y al derecho al trabajo.
  • Proteger los derechos humanos tanto de las comunidades de recepción como de las personas en necesidad de protección internacional, y garantizar su seguridad apoyando el fortalecimiento socio-económico de las comunidades locales.
  • Trabajar en conjunto con otros actores de la comunidad internacional -incluyendo agencias especializadas de las Naciones Unidas como el Alto Comisionado para los Refugiados y la Organización Mundial de las Migraciones- para buscar soluciones de responsabilidad compartida y activar las estrategias discutidas en el marco del Pacto Global de Refugiados. En especial deben tomar en cuenta que las soluciones duraderas requieren fuertes alianzas y compromisos tangibles en cuanto a recursos técnicos y económicos. La región tiene la oportunidad de avanzar en la operacionalización del principio de responsabilidad compartida que incluya la complementariedad entre la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo, entre otras estrategias que permitan a las personas refugiadas una participación activa y contribuir con los países de acogida.

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Amnistía Internacional señaló que Venezuela «está registrando de regresión en materia de derechos humanos alarmantes», con la escasez de comida y alimentos, el deterioro de los servicios públicos, la represión contra la disidencia política y un aumento de la pobreza a 87% y de pobreza extrema a 61,2% según la Encuesta sobre Condiciones de Vida realizada por varias universidades del país.

El documento reseña que la Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó que existen aproximadamente 2,3 millones de venezolanos en el extranjero, de los cuales 90% se encuentra en países de América del Sur. Cifras recientes indican que Colombia es el país con más inmigrantes, con 850.000 y 1.000.000  de personas, seguidos por Perú con 414.000, Ecuador (250.000) y Brasil (52.000).

El próximo 5 de septiembre, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria en Washington DC para discutir y coordinar medidas ante el aumento del número de refugiados provenientes de Venezuela y Nicaragua.

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