AUDIO | Venezuela: el costo de la represión se mide en muertos y en dólares

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Los cuerpos de seguridad han sido dotados con bombas lacrimógenas, vehículos, escopetas y trajes para la represión | Foto: Rayner Peña

Valencia.- Amy Cambar merodea en las afueras del hospital central de Valencia. Se le ve desorientada. Es viernes 5 de mayo, y van seis días de protestas masivas en Venezuela. Eso, de momento, le tiene sin cuidado. La mujer espera que le entreguen el cadáver de su hija de dos meses en el servicio de medicina forense de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET). Amy está convencida: su bebé falleció por consecuencia de los gases lacrimógenos que disparó la Guardia Nacional (GN). La anterior fue una noche marcada por el terror.

En Valencia comenzaron los saqueos generalizados la tarde del martes 2 de mayo. Primero fue en el municipio Naguanagua, pero se fueron extendiendo. Para la madrugada del jueves habían alcanzado los alrededores del hospital. Amy recuerda que una turba quería violentar las rejas de una panadería justo frente al centro de salud. Fue entonces cuando llegó la GN y comenzó a disparar bombas lacrimógenas para dispersar. Algunas cayeron dentro del hospital.

La hija de Amy Cambar tenía 14 días internada por una hidrocefalia. Además sufría de espina bífida. Pero los médicos le dijeron que falleció por una complicación respiratoria luego de inhalar los gases antidisturbios. “Varios niños resultaron afectados por los efectos de las lacrimógenas. La guardia no debería hacer eso cerca de los hospitales”. La acción que la madre enlutada describía era la represión: algo que para el Estado es un negocio lucrativo.

Amy Cambar, madre de una niña de dos meses que falleció en la CHET (Foto: Ruth Lara Castillo)

La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) ha realizado importaciones entre 2009 y 2014 por 24.750.369 dólares, según datos de servicios internacionales aduaneros consultados por El Pitazo. Allí se incluyen productos para el control de manifestaciones, como las bombas lacrimógenas que cayeron en la CHET la madrugada de principios de mayo y terminaron en los pulmones de la hija de Amy.

Los perdigones o balas de goma, utilizados en manifestaciones para causar traumatismos leves o moderados y obligar la retirada de las multitudes, también fueron objeto de importación masiva. El portal web Datasur.com revela que desde 2009 a 2016 se compraron 4.523 kilogramos de balines, es decir, casi cinco toneladas.

La hija de Amy no ha sido la única afectada gravemente por el uso indiscriminado e incorrecto de lacrimógenas. En la marcha del 13 de mayo, en la que la oposición intentó llegar hasta Campo Carabobo, al occidente del estado, el médico Carlos Serrano sufrió una fractura de cráneo cuando le cayó un cartucho de gas antidisturbio en la cabeza. Tuvo que ser trasladado al hospital central de Valencia. Ese mismo día, Mariangel Navas, dirigente del partido opositor Proyecto Venezuela, tuvo un percance similar. Tuvo que ser sacada en una moto, pues quedó inconsciente luego del impacto en la cabeza.

Para la comunidad internacional la represión tiene sus costos. El 21 de marzo de 2014 España —uno de los principales socios comerciales en el sector antidisturbios para Venezuela— decidió suspender las licencias de exportaciones hacia el país caribeño. En la medida también se incluye a Ucrania. En ambos casos, por los sucesos de ese año que pusieron en serio cuestionamiento la actitud de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de respeto a los derechos humanos.

Ya era tarde. Lazos binacionales habían sido estrechados. Para 2010 ya registraba operaciones en el país Falken Venezuela C.A., según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). La empresa está habilitada para contratar con el Estado y se dedica a la compraventa e importación, entre otras cosas, de material no letal y equipos antidisturbios, según su objeto social. Pero es en realidad una filial de la casa matriz española Falken S.A., como lo muestra el propio RNC. La empresa extranjera tiene el 100% de las acciones, lo que indica claramente que es parte de una trasnacional que inició un proyecto de cooperación en 2005 con Cavim para la fabricación de gases lacrimógenos CS (clorobenzilideno malononitrilo).

Las bombas lacrimógenas han sido el símbolo de la represión en 201 (Foto: Rayner Peña)

En 2015, un año después de la prohibición, Falken de Venezuela registró una importación desde España. El código arancelario de la mercancía pertenece al capítulo 93 (destinado a municiones y armas). El precio de la transacción fue 435.401 dólares. Ingresó por vía marítima a la aduana de Puerto Cabello, según el registro aduanal internacional consultado por El Pitazo. En 2012 hubo una importación de lo que pudo ser lanzagranadas o cohetes, según el código arancelario, provenientes del puerto de Guarulhos en Brasil y que llegaron al aeropuerto de Maiquetía.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que entre 1998 y el primer semestre de 2014 se registraron importaciones de armas por 202.630.909 dólares entre las tres principales terminales portuarias (Puerto Cabello: 44%, La Guaira: 31,6% y Maiquetía: 24,18%) correspondientes al capítulo 93 del índice de aranceles, destinado a las armas y suplementos no letales como bombas lacrimógenas, perdigones y materiales antidisturbios.

Una investigación publicada en el diario Últimas Noticias en marzo de 2014 refleja que Venezuela gastó al menos 6,5 millones de dólares para la compra de bombas lacrimógenas a través de la empresa brasilera Condor Non Lethal Technologies, de Brasil. Cada cartucho de gas cuesta entre 30 y 100 dólares, dependiendo de su modelo, según la investigadora y química Mónica Kräuter, profesora del departamento de procesos y sistemas de la Universidad Simón Bolívar.

En el sector militar, la importación más cara que realizó Cavim, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, tuvo lugar en 2011. Al aeropuerto de Maiquetía llegaron, procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, revólveres y pistolas marcados con el código arancelario 9302000000 —reservado para armamento por el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)— por el monto de 1.210.000 dólares. Los documentos basados en data oficial, cuyo nivel de detalle es muy pobre, no permiten conocer de qué modelo de fusiles se trata.

Dos años después, en la memoria y cuenta del ministerio del año 2013, se especifica que el presidente visitó las instalaciones de Cavim para la entrega de los primeros 3.000 fusiles AK-103 a la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). Era parte de un proyecto perfilado en 2006 y que se extendió hasta 2015. Entre 2009 y 2016, los servicios aduanales registran la importación de 33.337 revólveres y pistolas a Cavim. El mayor número (45,31%) se concentra en 2011, cuando ingresaron al país 15.106 unidades. En el mismo período se contabilizó la entrada al país de al menos 183.648 cartuchos o municiones.

​La Guardia Nacional dispara bombas lacrimógenas contra manifestantes (Foto: Rayner Peña)

La última adquisición de armas reseñada por Cavim en documentos oficiales es la compra de 997 unidades el 13 de julio de 2015, las cuales fueron canceladas con 50% de adelanto, según la memoria y cuenta. También se reseña la ejecución de un contrato para la adquisición de 13.605 cartuchos de bala de 7.62×39 milímetros en cajas de 20 unidades.

La represión de manifestaciones públicas era un objetivo de Cavim desde 2014. Tras detallar una larga lista de obstáculos en 2015, como la pobre asignación de divisas por parte del Banco Central de Venezuela, retraso con proveedores, extinción de materias primas, paralización de líneas de producción, y hasta fallas eléctricas que impidieron la confección de piezas; una de las metas para 2016, de acuerdo con la memoria y cuenta, era desarrollar una línea de producción de lanzadores de granadas lacrimógenas de 40 milímetros. De ese proyecto no se tienen más noticias desde que los organismos estatales decidieron no presentar sus memorias y cuentas o informes anuales ante una Asamblea Nacional (AN) dominada por la oposición.

Entre 2009 y 2014, el país de origen de la mayor cantidad de insumos para Cavim fue Italia, de acuerdo con la fuente. También hay cuantiosas importaciones de naciones como Alemania, Turquía y España. Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Brasil, que completan la lista de los más de 24 millones de dólares importados por la estatal en ese período. Pero en las memorias y cuentas del ministerio en 2011, 2013, 2014 y 2015 la única vez en la que se reseñan bombas lacrimógenas es en el proyecto de lanzadores de granadas de Cavim.

En el caso de Falken de Venezuela, los 38 movimientos aduanales que registró en esos seis años provienen todos de España. En 63% de los casos la mercancía ingresó por  vía aérea a través del aeropuerto de Maiquetía. El restante lo hizo a través del puerto de Puerto Cabello y solo en dos ocasiones por el puerto de La Guaria. Las ganancias totales reportadas en el lapso fueron de 2.389.569,00 dólares.

Armas: culto a la opacidad

Elaborado en 2013, el Índice de Corrupción del sector Defensa de Transparencia Internacional pone a Venezuela en una posición crítica. Mercedes de Freitas, coordinadora del capítulo venezolano de la Organización No Gubernamental (ONG), recuerda que, si bien el estudio se hizo hace cinco años, es perfectamente aplicable a la actualidad: la opacidad sigue siendo la norma en el gasto militar y los programas de defensa.

Venezuela ocupó la penúltima categoría, compartiendo lugar con países como Uganda, Zimbabue, Irán, Irak y Nigeria, entre otros. El informe asegura que el país tiene severos retrasos en la lucha contra la corrupción militar y una pobre legislación que cataliza los efectos de la opacidad estatal. “Hay una concepción de que el gasto militar no se divulga porque pone en riesgo la seguridad del Estado. Y eso no es cierto. Ya en todo el mundo los países han ido superando esa idea”, detalla de Freitas.

No existen documentos que puedan ser secretos para siempre, recuerda la activista. Lo más que puede hacer un Gobierno es clasificarlos por un lapso de varios años. Pero la información concerniente a la defensa nacional debería ser pública para fortalecer la democracia.

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, ha explicado que la mayor parte de las importaciones del sector militar no se hacen a través del Ministerio de Defensa, sino a través de la vicepresidencia de la República, lo que dificulta el control. La empresa encargada de la mayor parte del ingreso de sistemas de armas ha sido la Venezolana de Exportaciones e Importaciones C. A. (Veximca), presidida por Giuseppe Yoffreda, quien ha ocupado cargos en la administración como excomandante general de la Aviación, ministro de Transporte Acuático y Aéreo y presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).

El esquema de pasos burocráticos de Veximca ha hecho casi imposible de rastrear las importaciones de material militar a Venezuela. El gasto está supeditado a la discreción del Estado y de sus funcionarios, quienes no rinden cuentas al país, lamentó San Miguel.

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