VIDEO | Las Cristinas: el controvertido enclave del Arco Minero del Orinoco

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Uno de los 35 mil a 45 mil mineros trabajan en la concesión de Las Cristinas, en Las Claritas del municipio Sifontes. Recientemente el gobierno firmó un acuerdo de explotación con la transnacional Gold Reserve │ Foto Clavel Rangel

Las Claritas, municipio Sifontes del estado Bolívar, es quizá el único pueblo en Venezuela donde hay prosperidad y donde más de 400 personas han llegado mensualmente este año. El efectivo no escasea, tampoco la comida y hay trabajo por más de tres salarios mínimos a la semana, pero también está el sindicato que controla el negocio y la seguridad en una zona ofrecida por Nicolás Maduro a una transnacional que le ganó una demanda a la Nación, Gold Reserve.

 

Por Clavel Rangel Jiménez│Pitazo Bolívar

Las Claritas.  Lo que más le ha costado a Antonio es andar descalzo las 24 horas del día. De lunes a viernes, el uniforme de este hombre es lodo y dos pantalones cortos que ni se esfuerza en cambiar porque, con el agua y el barro, ningún pantalón resiste.

Hace tres meses laboraba en una marquetería en el estado Guárico. Es el trabajo que le apasiona. Con aluminio y vidrio hacía figuras, un oficio que atesoraba de familia y que la inflación de hasta 300 por ciento en Venezuela lo ha obligado a abandonar.

Es parte del drama de los 4 millones de venezolanos que, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han sumado a la pobreza desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro.

Ahora es un minero más del municipio Sifontes, en el estado Bolívar, a mil kilómetros en carretera desde su pueblo natal. Uno de los 35 mil a 45 mil que han llegado en los últimos cinco años a sustituir por pico, pala, máquinas y mangueras la actividad tecnificada que se planteó para el proyecto Las Cristinas, el quinto yacimiento aurífero más importante de Sudamérica.

No hay aires acondicionados, ni camas, tampoco baños, cerámicas, ni agua potable, pero sobra el oro, la comida y el dinero, la versión venezolana de lo que sucede en “La Pampa”, en Perú.

Las Claritas es ahora el hogar de miles profesionales, amas de casa, técnicos e ingenieros que han abandonado sus oficios en la ciudad para adoptar un nuevo estilo de vida que pasa por dormir en hamacas y cuidarse del paludismo, la enfermedad con más prevalencia y más letal al sur de Bolívar: 80% del total de casos ocurre en este municipio y, según el Observatorio Venezolano de Salud, 18.805 casos han sido exportados este año desde el estado Bolívar hasta otras localidades.

El esfuerzo, piensan Antonio y otros cinco de sus compañeros, vale la pena. Hoy es jueves y descansan de la jornada en la mina Cuatro Muertos (una de las más ricas)  porque el responsable de la cooperativa, jefe de este grupo de  mineros, salió al pueblo a buscar gasoil.

Ese a quien llaman el jefe antes era como ellos, como otros tantos en Las Claritas que en un par de meses pueden ascender de palero (picador de rocas) a contratar su propio personal para trabajar un área. El ascenso tiene sus contras: dar la cara por todos ante el sindicato, al que debe pagarle vacuna y responder por si alguno de los suyos se sale de las reglas.

Así que están relajados. Pasando el portón de Las Cristinas, se halla un paredón alto con el logotipo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Unos cinco territorios son controlados por una organización que los pobladores llaman “sindicatos”. Hombres armados, en moto, que garantizan el orden: que no haya robos, que nadie se sobrepase con una mujer y que no venga otro grupo a tratar de imponerse. ¿A cambio de qué? Un porcentaje de la ganancia al hacer el “resumen” (compilación de todo el oro procesado en la semana) y, en ocasiones, el control sobre los territorios más ricos.

Este “sindicato” en Las Claritas se ha ganado el “respeto”. A diferencia de otras zonas mineras, en Las Cristinas, la gente se siente tranquila. “Al principio es difícil; ellos son la ley; al final uno se acostumbra y esto termina siendo mejor que otros lugares en disputa”, reflexiona un minero que dice llamarse Alonso.

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Para llegar al pueblo de Las Claritas, saliendo de Ciudad Guayana, se debe pasar por al menos seis alcabalas de la Guardia Nacional, Ejército y Policía del estado Bolívar (PEB).

Es esta zona la que, a consecuencia de la masacre de Tumeremo (marzo 2016), el presidente Nicolás Maduro decretó como zona especial de seguridad (un refuerzo adicional al previsto en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación), pero en ella la ilegalidad florece y la violencia también.

De acuerdo al monitoreo de Adón Soto, un veterano dirigente del partido La Causa Radical, este año han muerto 53 mineros atrapados en el conflicto por el control de las minas en el estado Bolívar.

En contraste con el despliegue militar, y pasando los pueblos de Guasipati, Tumeremo, El Callao y El Dorado, a unas cinco horas por carretera desde Ciudad Guayana y doce desde Caracas, esta es también la tierra del contrabando. De gasolina, de comida, de mercurio y —por supuesto— del oro.

El indicador de prosperidad es el auge de la construcción, el constante tráfico por la terminal de pasajeros de decenas de revendedores de comida que —cuando la escasez alcanzaba niveles alarmantes en Guayana— llegaban a Las Claritas a encontrar productos desaparecidos de los estantes: arroz, harina de trigo, harina de maíz, champú y jabón de baño.

Según el Consejo Comunal de San Isidro, 400 personas llegan mensualmente a este poblado minero en el kilómetro 88, apenas a 40 kilómetros de la línea fronteriza con la Guyana Esequiba o cuatro horas de la línea con Brasil.

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De acuerdo con el estudio de factibilidad de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se estima que en Las Cristinas hay 323 millones de toneladas de mineral, de los cuales las minas Conductora y Cuatro Muerto (donde hoy Antonio lava la tierra) contienen 286 millones de toneladas.

Es justo allí donde el Gobierno ha comprometido su explotación con Gold Reserve, una de las más de 30 transnacionales con las que el Gobierno ha suscrito cartas de intención. No es un acuerdo cualquiera, considerando que Venezuela adeuda 769 millones de dólares como indemnización por la arbitraria nacionalización de la concesión a la minera canadiense.

Ver también: Venezuela no quiere pagarle a la minera canadiense Crystallex

En el campamento, que en teoría es custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la presencia de la FANB es prácticamente un saludo a la bandera, o un impuesto, según sea el caso.

En la plaza El Minero, donde los artesanos esperan los carros para ir hasta al menos cuatro de las minas de Las Cristinas, caminan a diario frente a una de las placas que la transnacional minera dejó en su primera incursión en territorio venezolano.

 

Plaza El Minero donde los trabajadores esperan la llegada de la camioneta que los transporta hasta los yacimientos. Foto Clavel Rangel
Plaza El Minero, donde los trabajadores esperan la llegada de la camioneta que los transporta hasta los yacimientos. Foto Clavel Rangel

El cese abrupto de la concesión por parte del Gobierno de Hugo Chávez al cabo de seis años le ha costado a Venezuela una millonada que el Gobierno ha transado entregándole nuevamente la concesión a la empresa canadiense.

El expresidente de la estatal Minerven, Luis Herrera, no cree que la incursión de las transnacionales sea significativa, porque la intención es sacar rédito de las bolsas de valores.  “Es lo que siempre han hecho”, sentencia un poblador de la zona, también trabajador de Minerven y dirigente del “Frente Antiimperialista del Sur del estado Bolívar” que prefiere el anonimato porque ha sido amenazado.

Herrera sostiene que el acuerdo con Gold Reserve es como hacer negocios con un “limpio”. Porque “esa empresa le va a conseguir plata al Estado venezolano en las bolsas de valores para prestarle al Estado, para que el Estado le pague la demanda, y va a buscar plata afuera para que puedan invertir en el proyecto”.

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En este territorio, donde el Gobierno ha prometido el desarrollo de una empresa mixta (con 55% de sus acciones) y donde los nuevos pobladores llegan en bus, luego de horas de viaje, con un bolso a cuestas. Pocos saben qué es Gold Reserve. Tampoco conocen el Arco Minero; lo que sí saben es que hay trabajo sin intermediarios.

La crisis económica ha desplazado a cientos de venezolanos del oriente y el occidente del país, hasta el municipio Sifontes del estado Bolívar, cuya principal actividad económica es la minería. Foto Clavel Rangel
La crisis económica ha desplazado a cientos de venezolanos del oriente y el occidente del país hasta el municipio Sifontes del estado Bolívar, cuya principal actividad económica es la minería. | Foto Clavel Rangel

En Las Cristinas las noticias corren con tres días de mora, quizá por la débil señal telefónica, que solo es posible a través de la compañía estatal y teléfonos analógicos.

El paraíso, como muchos la llaman, vive también al margen del Arco Minero del Orinoco (AMO) que compromete el 12% del territorio nacional y que ha sido firmado pasando por encima de la consulta a la Asamblea Nacional y a los pueblos indígenas.

Ver también: Venezuela no quiere pagarle a la minera canadiense Crystallex

El alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, reconoce que están viviendo una “explosión demográfica importante, no cuantificada pero visible”. “En el 88 (kilómetro, Las Claritas) hay una invasión de personas nuevas, que llegan de todas partes a trabajar la mina, a subsistir ante la situación de crisis nacional. El oro representa una esperanza en este contexto”.

La migración, que según el INE cesó en la década de los 80, ha resurgido y en zonas como Las Claritas, ocasionado problemas. “Son gente que demanda servicios. Tenemos problemas con la recolección de la basura, con la carretera, con la demanda de agua, más demanda de electricidad, hay que hacer inversiones”.

Para dirigentes del Frente Antiimperialista, que prefieren reservar su nombre debido a los sicariatos en la zona, los acuerdos con transnacionales se veían a venir. Creen, incluso, que la ruina de Minerven fue deliberada para justificar la entrada del AMO. “Siempre denunciamos que esa era la intención”.

“Negociar en la bolsa de valores es lo que han hecho estas empresas toda la vida”, sostiene este técnico, que asegura que toda la violencia y anarquía están vinculadas al aterrizaje de las transnacionales. “Aun los que asesinan son víctimas de una manipulación transnacional. Al final vendrán por ellos, porque tienen que hacer limpieza, barridos, limpiar la zona; y eso ¿qué implica? Desalojo de una cantidad de mineros y asesinato de muchos, de los que de alguna manera, a través de la manipulación, los hicieron adueñarse de varios sectores”.

En contraste con la anarquía minera, el Frente Antiimperialista cree que el AMO podría traer “un poco de orden”, “pero para eso ¿cuánta gente no ha tenido que morir? (…) Para mí esto es traicionar lo que Chávez planteó. Desangraron Pdvsa y quebraron la industria”.

El expresidente de Minerven, uno de los seguidores de Chávez que fue apartado por la cúpula gubernamental, tiene la teoría de que el descontrol de los municipios del sur del país comenzó con la desinstitucionalización de la estatal minera. ¿Por qué? “Esta empresa era como una alcaldía para tres municipios. Eso lo perdió el Gobierno y tiene que rescatarlo”.

El orden prometido con el AMO, dice Herrera, tiene que venir acompañado de un proceso de  reindustrialización con el que los mineros pueden no estar de acuerdo.

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Amanece claro en Las Cristinas y Antonio cuenta los días para ir a visitar a su esposa. Pedro Pérez, trabajador de la “compañía”, también dejó su trabajo en CVG Bauxilum, la empresa estatal refinadora de alúmina, para resolver a la familia excavando en la tierra.

Foto Clavel Rangel
| Foto Clavel Rangel

 “Aquí te ganas tu plata; de dos a tres veces más de lo que ganarías en un salario básico en la ciudad”, comenta Pedro. Ya no se imagina trabajando para una compañía formal como las que propone Maduro a través del AMO.

Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional, ha sido insistente en las propuestas para la reordenación de la minería: traer técnicos especializados, estudios de universidades, integración con las comunidades y determinar las zonas de menor impacto ambiental.

Aunque Aldrin Torres, diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar por el Psuv, asegura que el censo minero ha sido un éxito, en Las Cristinas nadie conoce de tal registro. Unas 40 mil asociaciones, destaca, se han inscrito en la iniciativa del Gobierno para reordenar la minería en Roscio, El Callao y Sifontes.

Pero mientras tanto, el taladro a más de 100 metros de profundidad resuena con el golpe del agua de las mangueras sobre la roca. Ya miles de hectáreas han sido devoradas.

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