Conceden radicación en Caracas de juicios para gerentes y contratistas de Pdvsa en la Faja

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Foto: Archivo
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Barcelona.- El curso legal de las investigaciones y juicios que se llevan contra gerentes y empresarios contratistas vinculados a hechos de corrupción registrados en la Faja Petrolífera del Orinoco fue radicado en Caracas.

Fuentes tribunalicias revelaron que la medida anunciada por la magistrada Francia Coello González será extendida a todos los imputados que permanezcan arrestados por el presunto desfalco en la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Se trata del ex gerente de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro Luis Rodríguez; Jesús Osorio, gerente del terminal marítimo José Antonio Anzoátegui; Francisco Velásquez, gerente del mejorador de Petropiar y de los empresarios y contratistas Miguel Ángel Castillo Lara y Hernán Guevara Pastrano, de la empresa Castillo Max.

Será el Tribunal de Control N° 52, a cargo de la abogada Gabriela Gómez Sequea, designada en el área metroplitana de Caracas, la instancia que conocerá de dichas causas, pues este es el ente jurista especializado en materia de corrupción.

Ramón Esteban Gutiérrez, reconocido abogado penalista del estado Anzoátegui, explicó que para iniciar el proceso legal deben ser libradas las boletas de traslado para Pedro León Rodríguez, quien está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en el sector Pozuelos de Puerto La Cruz, en la zona norte de la entidad.

“Lo mismo debe ocurrir para los gerentes, empresarios y contratistas vinculados al desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco que están en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barcelona”, acotó.

El jurista se atrevió a revelar que en junio de 2017 el Ministerio Público (MP) citó a comparecer ante la Fiscalía del municipio Sotillo del estado a los directivos de la constructora Concor C.A. de Puerto La Cruz, Alejandro Ruiz y Elías Ramón Kouri, por irregularidades en contrataciones con la empresa petrolera.

“Ambos fueron imputados por el Fiscal N° 55 con competencia nacional y señalados de ser presuntos testaferros del ex gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, quien hoy es Fiscal designado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”.

Recalcó que aún no ha sido fijada la fecha de la audiencia preliminar para los gerentes, empresarios y contratistas acusados porque lunes fueron consignados los expedientes en Caracas, pero estimó que próxima semana se fije la audiencia preliminar y libren la boleta de traslado para los detenidos.

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Desvío de causas

Según la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), número AA30-P-2017-000268, el motivo de la radicación del juicio se debe a que el caso ha causado alarma, sensación y escándalo público por los graves hechos denunciados, los cuales se han relacionado con la extorsión, además de la connotación que aparentemente le han dado los medios de comunicación de la zona.

Cita la publicación realizada por 37 medios impresos y portales web, donde se han revelado las irregularidades denunciadas por trabajadores petroleros, quienes han hecho públicas sus inconformidades por la angustia que han asegurado tener tras el deterioro que presenta la empresa petrolera por dichos desfalcos.

Entre los hechos denunciados está la adquisición e instalación de monoboyas Clam tipo torreta, modelo Standard, marca Bluewater, en el terminal del Criogénico José Antonio, lo cual implicó una facturación de 76, 2 millones de dólares y aparentemente representaba un aumento excesivo de la licitación obtenida.

Por dicha situación también fueron arrestados en el estado Anzoátegui Hernán Guevara Guevara Traninga C.A y Miguel Ángel Castillo Lara, directivos de la contratista Castillo Max Oil And Gas, quienes son acusados por peculado.

Los detenidos por el presunto desfalco son imputados por peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista y asociación para delinquir, delitos previstos y sancionados en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio del Estado Venezolano, representado por Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa).

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Vinculados y a la espera

El pasado 19 de septiembre fue arrestado en el municipio Urbaneja del estado Anzoátegui el empresario Carlos Esteban Urbano Fermín, a quien acusan de obtener contrataciones en la Faja Petrolífera del Orinoco y obtener pagos en dólares a precios de conversión.

Se rumora que el dinero que obtuvo con licitaciones y alteración de costos fue utilizado junto a sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Enrique para adquirir empresas y bienes en la entidad.

El Ministerio Público (MP) también solicitó medida privativa de libertad en contra de sus hermanos. Ambos se encontrarían fuera del país.

Los hermanos Urbano Fermín son señalados por actos de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, proyecto en el cual el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, pone énfasis para develar lo que él llama un desfalco.

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