Escasez de alimentos y medicinas, independencia de poderes y ejecuciones extrajudiciales alarman en la ONU

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Foto: Edecio Brito Adrián

14 países le reclamaron al Gobierno información sobre lo que está haciendo para resolver la situación de desabastecimiento y algunos instaron a aceptar la ayuda de otros estados. Canadá pidió la eliminación de la OLP

Foto: Edecio Brito Adrián
Foto: Edecio Brito Adrián

Por: Juan Francisco Alonso, Maru Morales P., Edecio Brito Adrián, Maruja Dagnino, Gitanjali Wolfermann y Ronna Rísquez

Ginebra.- Los esfuerzos del Gobierno por negar la gravedad de la escasez de alimentos y medicinas que padece Venezuela han caído en saco roto. Al menos esa es la sensación dejó la primera sesión del II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos a la que fue sometido el país la mañana de este martes, pues 14 países le expresaron a la delegación encabezada por la canciller Delcy Rodríguez su preocupación por la información que manejaban y le solicitaron tomar medidas para resolverla.

Sin embargo, lo llamativo de lo ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue que no solo países desarrollados como Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia o Suecia manifestaron su  alarma por la situación que obliga a millones de ciudadanos a hacer colas de hasta ocho horas para adquirir desde harina de maíz hasta papel de baño, sino que incluso aliados del gobierno de Nicolás Maduro, como Corea del Norte o Bangladesh, también lo hicieron, aunque de manera muy diplomática.

El representante del régimen de Pyongyang instó a sus pares venezolanos a que “impulsen la producción nacional de alimentos” mediante distintas formas, incluyendo los cultivos urbanos. A lo largo de la década de los 90 el país asiático sufrió una serie de hambrunas que, según reconocieron sus autoridades en 2001, dejaron unos 250 mil muertos.

La intervención de Corea del Norte echó por tierra la tesis de Rodríguez, según la cual la evaluación de Venezuela sería una confrontación entre “fracasados (quienes apoyan el capitalismo) y militantes de la vida (por aquellos que impulsan modelos alternativos)”.

Más duro fue el representante de Suecia, el cual expresó su preocupación porque el país pueda vivir una situación de “hambruna” e instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, en especial para proteger a los niños de los efectos de la crisis, no sin antes advertir de que los efectos sobre los más pequeños pueden “volverse irreversibles”.

Los funcionarios venezolanos, por su parte, reconocieron la existencia del desabastecimiento, pero como ya lo vienen haciendo dentro del país la achacaron a “la guerra económica” que empresarios y opositores tienen en su contra, así como al “cerco económico” impuesto por “las potencias imperiales”.

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“Durante este año se han registrado fallas puntuales y alternas en el suministro de algunos medicamentos, pero es por el cerco económico”, soltó la ministra de Salud, Luisana Melo, quien aseveró que su despacho “garantiza de forma totalmente gratuita 230 medicamentos de alto costo, beneficiando a 780 mil personas”.

Gremios farmacéuticos y médicos han asegurado que la escasez de medicinas supera el 80 % y por ello a lo largo del año se han registrado distintas manifestaciones de pacientes para exigir que se les garantice su derecho a la salud.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Blanca Eeckhout, aseguró en el Consejo que en 2019 la pobreza extrema será erradicada.

Canadá pidió eliminar la OLP

Las ejecuciones extrajudiciales fue uno de los siete temas más mencionados por los Estados que intervinieron en la sesión del II Examen Periódico Universal que se realizó el martes en la sede de Naciones Unidas para analizar la situación de los Derechos Humano en Venezuela.

Canadá, Argentina, Austria, España, Vaticano, Maldivas, Francia, Suecia, Ghana, Maldivas y Catar fueron algunos de los países que expresaron preocupación y exhortaron al Estado venezolano a tomar medidas ante una serie de denuncias de asesinatos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad y las fuerzas militares.

El tiempo asignado a cada Estado para su intervención -un minuto y 10 segundos- no permitió ahondar en denuncias y casos específicos, sin embargo esto no impidió que además de referir la problemática hicieran recomendaciones a la delegación de Venezuela para atender los casos de violación del derecho a la vida.

El representante de Canadá fue el más específico al solicitar a Venezuela “poner fin a la OLP (Operaciones de Liberación del Pueblo) y a otras acciones de represión ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado”. Según registros de las ONG, en el primer año de la OLP se habrían cometido más de 600 homicidios relacionadas con estos operativos del Gobierno.

Las organizaciones no gubernamentales Provea y Cofavic han venido haciendo seguimiento a estos procedimientos calificados como razias (incursión en territorio enemigo para destruir o saquear, según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua) y operaciones de exterminio implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro en julio de 2015 y relanzadas este año, como “política” para combatir la criminalidad.

En 2013 Cofavic documentó 669 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país; en 2014 fueron 1.018 y en 2015 subió a 1.396 (37 % de aumento).

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En el informe 2015 de Provea asegura que el Ministerio Público registró 245 ejecuciones sumarias presuntamente cometidas por funcionarios policiales en distintos ámbitos. Esta cifra sumada a las 215 ejecuciones extrajudiciales registradas por Provea, arrojan 460 casos de violaciones al derecho a la vida. Según la ONG esto representa un aumento de 109 % y es la cifra más alta desde el Caracazo en 1989.

El Vaticano también hizo recomendaciones sobre este tema y puntualmente pidió “investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza”.

España y Argentina también cuestionaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad. Además el país sureño se refirió a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden y solicitó “garantizar que los responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia”.

Ghana expresó preocupación por “los patrones generalizados de ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por la policía y pide que sean investigados rápido e imparcialmente y que se aplique justicia los responsables”.

Otras naciones, como Uruguay, Francia y Suecia se refirieron a las desapariciones forzadas, la tortura y el gran cantidad de homicidios que ocurren en Venezuela. “Preocupa la violencia excesiva de los militares y los cuerpos policiales”, dijo el representante del país escandinavo.

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