Expresidente de Ferrominera Orinoco admite delitos por corrupción

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En 2015 el expresidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, se declaró inocente en espera de negociar sus años de prisión. Este viernes el Ministerio Público oficializó que admitió los delitos, con lo cual solo uno de los imputados por el tráfico de mineral de hierro quedaría en juicio.

Radwan Sabbagh fue presidente de Ferrominera Orinoco en el período 2006-2013 y uno de los hombres fuertes del Psuv en el estado Bolívar.
Radwan Sabbagh fue presidente de Ferrominera Orinoco en el período 2006-2013 y uno de los hombres fuertes del Psuv en el estado Bolívar| Foto José Leal/ Cortesía Correo del Caroní.

Por Clavel Rangel | El Pitazo-Bolívar

Ciudad Guayana.- El expresidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, fue condenado a seis años de cárcel este viernes tras declararse culpable en el caso de corrupción por el cual se investigaban a gerentes y empresarios vinculados con la empresa estatal extractora y comercializadora de mineral de hierro.

En una comunicación el Ministerio Público confirmó que Sabbagh admitió los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante su gestión entre 2006 y 2013.

Aunque la causa oficial es por el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares,  en la reseña, sin embargo, no se hace mención al tráfico de mineral de hierro por el cual inició la investigación.

La sentencia fue dictada por el Tribunal 6° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, y la acusación ratificada por el fiscal 57° nacional, Eric Barrios. Además de los años de cárcel, Sabbagh tendrá que pagar una multa que establecerá un tribunal de Ejecución de Sentencia; a su vez estará inhabilitado para ejercer cargos públicos y de elección popular por el tiempo que dure la pena.

El expresidente fue detenido el 12 de junio de 2013 en un hotel en Caracas, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal Quinto de Control de Puerto Ordaz. Desde entonces permanece recluído en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Ciudad Bolívar. Por períodos, estuvo preso en el Sebin -en Caracas – y en la cárcel del estado Lara.

Por este mismo caso está en fase de juicio Noel Ramírez (exconsultor jurídico) por ser presunto cómplice necesario en el delito de peculado doloso y asociación para delinquir; este sería el único de los involucrados en este causa a los que le faltaría condena.

El 30 de abril de 2015 admitieron los delitos y fueron condenados Ángel Campero (tres años y dos meses) por ser cooperador inmediato de peculado doloso propio y asociación; María Acosta y María Rodríguez (cinco años y dos meses) por la comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir.

En 2013 también fue detenido Yamal Mustafá, director del diario Primicia y contratista de la gobernación del estado Bolívar, por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión de Sabbagh.

El empresario, sin embargo, obtuvo una medida de sobreseimiento la misma noche del 30 de abril de 2015, cuando todos fueron presentados en el Tribunal 9° de Control. La decisión no se tradujo en su libertad, pues los fiscales apelaron y minutos después exigieron una suspensión de la medida. Apenas en diciembre, Mustafá obtuvo libertad sin que hasta ahora haya una sentencia firme.

Dos casos

Además de este caso, en tribunales reposa otra causa por extorsión vinculada al caso Ferrominera. En 2013 el  Ministerio Público solicitó la imputación del coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Juan Carlos Álvarez Dionisi, conocido como Tiburón, el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (cliente de Ferrominera); Carlos Martínez, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, así como dos tenientes de la GNB.

El último de los involucrados ha sido Jhonny Marín Sanguino, ex gerente de seguridad patrimonial de Ferrominera, quien en enero de 2016 recibió una medida cautelar y que en declaraciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dijo haber movilizado maletas de dinero por orden de El Tiburón.

Tal como pasó con el empresario Mustafá, el Ministerio Público ha solicitado una suspensión de medida hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie.

Marín Sanguino pertenece al juicio por extorsión que se desarrolla en paralelo al de corrupción en la procesadora de mineral de hierro y fue aprehendido el pasado 25 de enero cuando funcionarios del Dgcim lo detuvieron en Lechería, estado Anzoátegui, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El Ministerio Público ha solicitado en tres oportunidades suspensión de medidas sustitutivas de libertad, a saber: Luis Velásquez (caso tráfico de cabillas), Yamal Mustafá y a Jhonny Marín Sanguino. En los dos primeros casos, la Corte de Apelaciones falló a favor de la libertad, desconociendo las  investigaciones del MP. El abogado que representó a Velásquez también forma parte de la defensa de Mustafá.

Al menos unos seis involucrados tienen orden de captura, entre ellos el sobrino de Yamal Mustafá, a quien le allanaron y confiscaron su residencia mientras concluían las investigaciones.

Actualmente, la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de la cual forma parte el diputado Freddy Valera, investiga otras denuncias de corrupción en la empresa estatal.

Censura informativa

Por la publicación y seguimiento informativo al caso de corrupción en Ferrominera Orinoco, el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, ha sido condenado – por el juez Beltrán Javier Lira, del Tribunal Penal Sexto de Juicio- a cuatro años de cárcel por difamación e injuria continuada.

Lea también: Condenan al director del Correo del Caroní por investigación en caso de corrupción de Ferrominera

La apelación a la sentencia fue negada esta semana por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar. La relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones, ha  condenado la decisión en cuanto contraría los estándares internacionales que garantizan los derechos humanos.

El demandante, el empresario Yamal Mustafa, sostiene desde 2013 que con la publicación de reportajes y notas informativas se hizo mella a su honor y al de su familia.

 

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