FOTOS | Expropiación de comercios en centro de Caracas acabó con 80 años de tradición

193
Foto: Vanessa Tarantino

Caracas.- Hediberto Boada pasó 45 de sus 62 años como trabajador del Restaurante La Atarraya y luego de 30 años como encargado, le tocó desalojar el establecimiento de 1.000 m² en 48 horas. Como ese, otros seis comerciantes, ubicados entre la esquina de San Jacinto y Traposos, cercanos a la cuadra de Bolívar y la Plaza El Venezolano, fueron expropiados por orden de la Alcaldía de Libertador, a cargo de Érika Farías y funcionarios del Gobierno del Distrito Capital bajo la jefatura de Carolina Cestari.

Lee también: Vecinos y comerciantes rechazan expropiación de locales en el centro de Caracas

El lunes 23 de abril, a las 10:00 am, Hediberto, quien trabaja de la mano de Flor Tovar, su esposa, y 31 empleados más, recibió la visita de representantes de la Dirección de Control Urbano, el Gobierno del Distrito Capital y 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Se sentaron en la barra y anunciaron que harían una fiscalización. Luego de revisar el local, y sin dar explicaciones, exigieron a los clientes levantarse de las sillas y salir del restaurante que fue establecido en 1933 y era conocido como la bodega más criolla de Caracas.

Foto: Vanessa Tarantino

La Reforma Parcial de la Ley de Expropiación por Causa o Utilidad Pública o Social, aprobada en el año 2002, establece que solo podrá llevarse a cabo la acción judicial de este tipo si se cumple con el pago justo y oportuno en dinero efectivo del bien a expropiar. Aún así, los comerciantes fueron citados en la oficina de Control Urbano para el día martes, les ofrecieron un pago mensual de Bs. 600.000 y una caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). «Nos dijeron que si no nos gusta que nos vayamos a Estados Unidos… Es que, ¿Quién puede contra el gobierno?», manifestó Grisel Tovar, hija de Hediberto y Flor.

Foto: Vanessa Tarantino

Además, el organismo encargado de declarar alguna propiedad privada como bien de interés público es la Asamblea Nacional, según el artículo 13 del documento. El Gobierno del Distrito Capital solo argumentó que por ser la Plaza El Venezolano un lugar histórico, no puede haber locales comerciales. Pero los dueños de los siete negocios se quejan porque Páramo Café, ubicado en una esquina de esa manzana, en la avenida Universidad, no recibió la notificación.

Quienes llegaron para confiscarlos les ofrecieron ayuda con el traslado del mobiliario; sin embargo, nunca llegaron. Cuatro neveras, cuatro cocinas, una pollera y freidor, dos cavas, una plancha y al menos dos docenas de mesas fueron sacados por 10 de los trabajadores más antiguos.

De las risas a las ruinas

Norka Gámez, de 48 años, expresó que la piñatería en la que es vendedora desde hace 10 años pasó de llamarse «El jardín de las risas» a «El jardín de las ruinas» en menos de 12 horas. Calculó un millardo en mercancía que debe ser vendida en 48 horas o llevada a algún depósito. Al ser despojados de ese lugar, 15 personas quedarán desempleadas, entre ellos un discapacitado, con lo que se viola el artículo 87 de la Constitución.

Foto: Vanessa Tarantino

El local olía a cartón, plástico y humedad. La desocupación removió el polvo y muchos de los productos estaban regados por el piso. Elena Martínez, de 72 años, vive en la parroquia Petare, al este de la capital, pero compra en esas tiendas desde que celebró el primer cumpleaños de su hija, quien ahora tiene 44 años. Manifestó sentir indignación y sorpresa. «Yo llegué aquí y no sabía qué había pasado. ¿Y ahora que pasará con toda esta gente? ¿Se quedan en la calle y ya?».

Aunque nunca había considerado emigrar, Norka ahora está pensando en irse a México, donde vive un sobrino. No sabe cómo va a pagar la mensualidad en el colegio donde estudia su hija de 13 años.

Foto: Vanessa Tarantino

Otra piñatería desalojada fue la de la familia de Ana María Randone, quien tiene 63 años de edad, 40 desde que llegó de Italia y 30 a cargo del negocio. Aunque esos locales existen desde la década de los años 30. Explicó un antecedente: hace dos meses funcionarios de la Alcaldía de Libertador fueron a inspeccionar los locales con la excusa de una restauración de la fachada ordenada por la alcaldesa Érika Farías.

Hasta las 3:00 pm, sus hijos habían realizado 16 viajes desde el local, en el centro, hasta Santa Mónica, zona donde vive, para poder llevar poco a poco la mercancía. Ella también se quejó del café que tiene menos de dos años en esa cuadra. «Páramo Café fue lo peor que nos pudo pasar». No sabe qué va a suceder con el local, tampoco con los 50 años de la tradición que comenzó con su suegro. «Ellos -el Gobierno nacional- hablan del pueblo y de la gente, pero es al pueblo al que están echando a la calle», reflexionó al conocerse esta medida.

Foto: Vanessa Tarantino

Algunos dueños de los 19 establecimientos comerciales permanecerán en sus locales vendiendo toda la mercancía que puedan hasta que la Alcaldía del Municipio Libertador se lo permita. Otros decidieron sacar todo antes que ser despojados de billones de bolívares en inventario. Pocos tienen un plan, pero todos están seguros de que no pueden invertir con hiperinflación y sin garantías de los derechos laborales de los venezolanos.

¿Qué tan útil fue esta publicación?