OLP siembra miedo y muertes en las minas a 6 meses de la masacre de Tumeremo

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Familiares de las víctimas echan de menos la ayuda que el gobierno regional les prometió, entre las que se incluían casas de Misión Vivienda y pensiones para esposas e hijos de quienes fueron presuntamente asesinados por la banda de “El Topo”, hace 6 meses

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Por: Lorena Meléndez | runrun.es

Él era uno de los que reclamaba. Una de los tantos que, durante varias noches, pidió que le devolvieran a su hijo en cualquier condición. En marzo pasado, junto a los familiares y amigos de otros 16 mineros desaparecidos en Tumeremo, cerró la Troncal 10 del sur del estado Bolívar para exigir que le regresaran el cadáver de su muchacho que ni siquiera tenía 21 años.

“Yo me siento como abandonado después de todo lo que pasó. Yo estoy prácticamente necesitado, porque él era quien me ayudaba. Aunque no me ha faltado la bendición de nuestro Señor, a mí más nunca me dieron respuesta del caso”, dice el padre de una de las víctimas de la masacre que ocurrió hace seis meses. Por seguridad, prefirió mantener su identidad en secreto.

El reclamo del hombre no se refiere a las investigaciones sobre la tragedia, sino a las ayudas que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, prometió a los familiares de quienes murieron en manos del más poderoso de los pranes de las minas del municipio Sifontes: Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, alias “El Topo”. Varios de los parientes consultados coinciden en que, aunque no se hizo público, el mandatario regional aseguró que indemnizaría a los padres, esposas e hijos de los asesinados y que, en algunos casos, hasta les entregaría casas de la Misión Vivienda.

El padre indicó que, ante la necesidad y el miedo, la esposa de su hijo se fue al centro del país con su bebé. “Yo lo poquito que tengo, si puedo, se lo mando. Aquí una vez nos dieron un poquito de comida, y nos dijeron que iban a ayudar a las mujeres, que nos iba a apoyar. Pero nunca pasó más nada”, contó.

La hermana de otra de las víctimas relató que su cuñada, esposa de uno de los asesinados, debió vender un terreno que ambos habían comprado porque ya no tenía dinero. “Se le acabó la plata y ella tiene un hijo de un año, mi sobrino. ¿Cómo iba a hacer para comprar un kilo de harina, que cuesta como 2.500 o 3.000 bolívares?”, agregó. La mujer mencionó también el combo de alimentos que le otorgó la Gobernación de Bolívar. “Nos hicieron ir hasta el Fuerte Tarabay a recoger la bolsa (2 kilos de harina de maíz, 2 de arroz, 1 aceite) un mes después de la masacre. Y más nunca volvieron a dar nada. Eso es una burla”, afirmó.

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Seis meses de miedo

Otro familiar sentenció que, desde la tragedia, la vida en las minas de Tumeremo no ha sido igual. A pesar de que los yacimientos de oro llevan años bajo el control de delincuentes y de que ya se habían registrado desapariciones, los pobladores asistían confiados, sabiendo que no debían contrariar al pran. Pero luego de que “El Topo” acabara en un solo día con 17 personas, nadie se siente a salvo. “Antes iban niños, mujeres y todo. Pero ahora sólo van los hombres y tienen que ser muy precavidos”, relató el pariente.

“Pero hay que volver a la mina, ¿qué vamos a hacer? Este es un pueblo minero y vivimos del oro”, aseveró la tía de uno de los jóvenes asesinados. De las 17 personas que murieron, 15 eran menores de 30 años.

Para Américo De Grazia, diputado que presidió la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para investigar estos hechos, el balance de los últimos 6 meses transcurridos después de la tragedia no es nada satisfactorio, porque las masacres han seguido ocurriendo. “Ahora, los asesinatos no sólo los cometen los pranes o los criminales de las minas, sino también las OLP, y luego dicen que murieron en supuestos enfrentamientos. La muerte es lo que sigue operando en las minas”, señaló.

De Grazia se ha convertido en portavoz de algunos de estos sucesos. Desde la masacre, han muerto 21 personas en las minas y 8 de estas han caído en las 4 OLP que se han aplicado en la zona desde entonces. Entre los decesos se cuenta el de “El Topo”, el autor de la matanza de los 17 mineros.

El diputado resaltó que las operaciones de los militares se han materializado en minas de Tumeremo, El Dorado, El Callao, Guasipati, La Paragua y el Alto Caura, donde los mismos obreros han reclamado los malos tratos y los robos que les han hecho los mismos uniformados, quienes les quitan el oro que sacan de los yacimientos. “Es un hecho lamentable que sea el signo de la muerte el que está marcando la ‘limpieza’ de territorios mineros que hoy pretenden ser entregados a grandes transnacionales”, aseveró.

Todas las zonas afectadas por las OLP, según De Grazia, están dentro de los 112.000 kilómetros que abarcan la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, decretada el 24 de febrero de 2016, 9 días antes de la masacre de Tumeremo.

“¿Eso es casualidad? ¿Eso no nos levanta un mínimo de sospecha?”, acotó De Grazia, quien recordó que el 31 de diciembre de este año vence el plazo para que buena parte de las minas de Bolívar se entregue a la empresa canadiense Gold Reserve bajo el paraguas del mencionado decreto. Para esa fecha, más de 30 mil mineros deben haber sido sacados de ese territorio.

La sombra de “El Topo”

Al final de la tarde del pasado 6 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, informó al país que más temprano, una OLP había tenido como saldo la caída de “El Topo” y que parte de su banda, señalada también por la masacre de los mineros, había sido detenida. Ya para ese momento, la foto del hombre a quien también llamaban “El Don”, había circulado en las redes sociales. Vestía una camiseta roja con el logo de la estatal Pdvsa y las manchas de sangre ocupaban la mitad de su pecho y un área cercana a la garganta.

Pero en Tumeremo, los familiares de las víctimas dudan que su verdugo esté muerto. “Yo no creo que lo hayan matado, por la forma de ser de ese nombre, con tantos contactos. No creo que se hubiese dejado matar así, en una mina”, comentó la tía de uno de los mineros masacrados.

“Yo lo único que le digo a usted, es que hay mucha gente que dice que ese señor se fue a Valencia después de que nos quitó a nuestros hijos. Todas las familias tenemos dudas sobre la muerte de ‘El Topo’”, dijo el padre de uno de los mineros masacrados.

Aunque la muerte de “El Topo”, para el Ejecutivo, cierra el caso, hubo quienes indicaron que faltaban cabos por atar. “Él era autor material del crimen, pero nunca se dijo quiénes eran los autores intelectuales, los verdaderos interesados en que esas áreas fuesen desalojadas para poder negociarlas con grandes transnacionales”, denunció De Grazia.

“Esta película no ha terminado. Apenas comienza y va a tener efectos colaterales, un genocidio financiero, étnico, ambiental, político”, reclamó el parlamentario. Para él, las investigaciones han dejado más preguntas y respuestas, entre estas, el porqué el Gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez -–a quien se ha asociado con las mafias mineras– desmintió la masacre durante las primeras horas de los acontecimientos.

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