¿Se suprimirán o no las pruebas? Juez en caso de los sobrinos Flores tendrá la última palabra

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Corte del distrito sur de Nueva York donde se lleva el caso | Foto: Archivo

Sendos memorándums introdujeron el fiscal Preet Bharara y la defensa de Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas en la corte del distrito sur de Nueva York. Cada uno recoge los mejores argumentos para inclinar la balanza a su favor: de suprimirse las pruebas evacuadas por la Fiscalía podría desmoronarse el caso. Si estas son aceptadas por el juez Paul A. Crotty, será un jurado el que decida el destino de los sobrinos de Cilia Flores el próximo 7 de noviembre

Corte del distrito sur de Nueva York donde se lleva el caso | Foto: Archivo
Corte del distrito sur de Nueva York donde se lleva el caso | Foto: Archivo

Por: Fiorella Perfetto

La Fiscalía respondió en un extenso memorándum a cada uno de los petitorios de supresión de evidencias que las firmas de abogados defensores de Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas solicitaron a la corte que preside el juez Paul A. Crotty, en el distrito sur del estado de Nueva York.

Durante las audiencias que se realizaron los días 8 y 9 de septiembre, salieron a la luz nuevas revelaciones sobre el caso. Una de ellas es que dos de los testigos protegidos habrían usado el dinero público para contratar prostitutas y que estos habrían emitido falsos testimonios, hecho que sorprendió a propios y extraños, incluidos los funcionarios de la DEA que hasta ese momento desconocían esos hechos.

Sin embargo, según los fundamentos de la Fiscalía, nunca llegaron a ser demostrados los argumentos por los cuales la corte debe suprimir las pruebas y evidencias en manos de la parte acusadora. “Para que prevalezca la petición para una expoliación de pruebas, los acusados deben demostrar que, primero, las evidencias se han perdido y, segundo, que esta pérdida es imputable al Estado». Nada de esto ocurrió, según el fiscal Preet Bharara.

La Fiscalía desmonta cada uno de los petitorios

No existen pruebas de la reunión con alias “El Sentado” en Honduras. La Fiscalía declara que el 3 de Octubre de 2015 alias “el Sentado” – que El Pitazo develó de forma exclusiva su identidad como Carlos Amilcar Leva Cabrera, narcotraficante hondureño que fue asesinado el 4 de diciembre de 2015 – envió un mensaje al agente federal Sandalio González en el cual le notifica que un oficial venezolano le enviaría a sus sobrinos para que este les ayudara en una operación de narcotráfico.

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“Este testigo CW-1 trataba de suavizar los cargos en su contra por narcotráfico con esta colaboración voluntaria aunque no se llegó a concretar ningún acuerdo formal con él», dice el documento. Sin embargo, dicha información fue corroborada por los agentes de la DEA que trataron de documentar el encuentro, pero por diversas razones no fue posible. Días más tarde, CW-1 envió a través de su celular una foto captada por alguien más de la reunión que se realizó en Honduras entre Campo, Flores, alias “El Sentado” y otros socios de este último.

La Fiscalía respondió a la solicitud de eliminar estas pruebas: “No hay prueba de descargo aparente. En segundo lugar, los acusados no presentaron pruebas que les exculparan de su viaje a Honduras ese 3 de octubre de 2015. Flores no declaró de forma consistente para suprimir esa prueba y Campo afirma inexactamente que había múltiples informantes en la reunión y se limita a decir que se le instruyó a hacer numerosas declaraciones no especificadas en una reunión posterior para reforzar la imagen de que él era un importante narcotraficante”.

Bharara explicó además la falta de pruebas que soportan la supuesta mala fe del Gobierno ante estos hechos, cuando fue el testigo CW-1 el que no pudo documentar la reunión.

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Sobre la petición de suprimir las pruebas obtenidas durante las reuniones en Venezuela y Honduras en 2015. Explica la Fiscalía que durante esa primera reunión en Honduras, los acusados acordaron con alias “El Sentado” que este enviaría unos representantes a Venezuela para concretar el acuerdo. La DEA entonces proveyó a dos de sus informantes de equipos de grabación y los envió al país fingiendo ser socios de un cartel mexicano de narcotráfico.

“Ninguna de las pruebas aportadas por la Fiscalía fue manipulada o destruída. Estas fueron recogidas por los informantes y enviadas luego a EE.UU para su desencriptación. En ningún momento, durante la audiencia, los acusados demostraron que esto no fuera cierto”, dice el documento, al tiempo que explica con detalle cómo se llevó a cabo el proceso de recolección de la data.

El argumento de los Flores durante la audiencia fue que “numerosas conversaciones que mi primo y yo tuvimos con los informantes no se encuentran en las evidencias”, a lo que la Fiscalía respondió que la inexistencia de un registro de una grabación no viola el debido proceso y, por tanto, no es un argumento para suprimir estas evidencias, como tampoco existió una documentación selectiva, puesto que se le asignaron equipos de grabación a todos los informantes para todas las reuniones en Caracas y Honduras,a fin de contar con pruebas redundantes.

El kilogramo de cocaína. Una de las peticiones de la defensa fue la supresión como evidencia del ladrillo de cocaína que fue proveído y manipulado por los sobrinos de Cilia Flores para demostrarle a los supuestos narcos que se trataba de cocaína de alta calidad. Sin embargo, la Fiscalía afirma que Campo y Flores no pudieron demostrar que los testigos protegidos presentes en la reunión “tomaron o destruyeron la droga” por lo cual no existen motivos exculpatorios para suprimir esta prueba.

Sobre la petición de suprimir las confesiones de los sobrinos después de ser detenidos al abordar el avión que los condujo a EE.UU, la Fiscalía recuerda lo siguiente: “He leído mis derechos y renuncio a ellos y estoy dispuesto a responder libre y voluntariamente alguna pregunta sin un abogado presente”, esa es la declaración que firmó Efraín Campo y cuyo documento correspondió a una de las pruebas que entregó la Fiscalía durante la audiencia para demostrar que sus derechos fueron respetados.

“Campo renunció a sus derechos, los agentes no le habían hecho preguntas acerca del caso, sobre el tráfico de drogas o sobre su actividad criminal antes de firmar el documento”. La entrevista duró aproximadamente dos horas y, según dice la Fiscalía, “Campo fue muy cooperativo y educado, a pesar de que parecía conmocionado y lloró en algunas ocasiones. Sin embargo, siempre entendió que renunciaba a sus derechos y afirmó que él era abogado”.

Igualmente sucedió con Flores. Ya que el avión estaba cerca de su destino, Flores fue traído a la parte delantera del avión y de igual forma se le leyeron sus derechos a los cuales renunció, “a eso de las 7:37 de la noche y Campo alrededor de las 5:15 pm” lo cual convalida la versión de los agentes federales de que ambos realizaron sus confesiones después de renunciar a sus derechos. “Sólo se les condujeron preguntas sobre sus personas para los trámites en inmigración a su llegada a EE.UU y no en cuanto a sus conductas criminales”, alega la Fiscalía. “Nunca fueron maltratados, estuvo un médico presente durante todo el trayecto, se les ofreció agua y caramelos y en ningún momento fueron amenazados o coaccionados con armas”.

La Fiscalía concluyó su memorándum con la aclaratoria final de que “no hubo retraso en la presentación de los acusados en el tribunal. No fueron presentados ese mismo día debido a que los tribunales estaban cerrados por tratarse de un día feriado”.

La defensa sale al ruedo

“El extraordinario testimonio de los testigos del Gobierno en la audiencia de supresión ha dejado dos cosas claras. En primer lugar, la investigación en este caso se llevó a cabo casi en su totalidad por informantes que se dedicaban en un caso sin precedentes a engaños e ilegalidades durante la investigación. Esto incluye, entre otras cosas, la flagrante destrucción de evidencia crítica. En segundo lugar, las entrevistas posteriores a la detención en este caso fueron descuidadamente conducidas después de un final precipitado y una aterradora investigación fallida. No hay registros de las entrevistas posteriores a la detención. En suma, los hechos dejan clara la necesaria supresión de las pruebas dadas las graves violaciones constitucionales en esta investigación”.

Así comienza el documento que la defensa envía a la corte para oponerse a los argumentos de la Fiscalía. Asevera que los acusados fueron coaccionados para responder en circunstancias inaceptables “incluso fueron obligados a responder preguntas dentro de un avión” y las entrevistas no cumplieron con todas las condiciones: tomar en cuenta la propia condición de los acusados, la presencia de un traductor, que los acusados tengan conocimiento del sistema penal estadounidense o que sean libres de responder.

Es evidente que esta prueba es en la que más énfasis hace la defensa en sus argumentos para inclinar la balanza que tiene en sus manos el juez Paul A. Crotty a su favor. Dice el documento que “los acusados son dos jóvenes de 29 y 30 años respectivamente, sin antecedentes criminales y sin experiencia previa en el sistema judicial de EE.UU. Los acusados fueron capturados con el uso de una fuerza innecesaria, sabiendo que no se trataba de sujetos peligrosos”.

Todos estos elementos jugaron a favor de los agentes federales que “condujeron unas entrevistas a dos jóvenes aterrorizados por la forma como fueron detenidos, colocándolos en un estado emocional crítico, además de condicionar a un avión el espacio para el interrogatorio”.

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Cita el expediente un elemento político novedoso. Afirma la defensa que “más allá de que se les permitiera una llamada luego de su arresto, no se les permitió hacer contacto con el personal consular, con el único propósito de que estos no detuvieran la expulsión de los jóvenes de Haití, lo cual las autoridades venezolanas hubieran podido evitar al poner al tanto a las autoridades haitianas”.

Los demandados ni siquiera fueron informados de su derecho consular a asistencia en virtud de la Convención de Viena, ni su gobierno fue notificado formalmente, en conformidad con las normas internacionales, ya sea en el momento de su detención en Haití o en el momento de su entrega a la custodia de Estados Unidos”.

En los alegatos se cita un email que el agente Zachariasiewicz le dirige al agente Sandalio González en el cual dice que van a “pedir a los haitianos mantener detenidos a los dos chicos y los pilotos durante el tiempo que su legislación permita para ganar tiempo y hacer unas llamadas hasta que estos chicos decidan cooperar”. Con base a este correo la defensa afirma que “evaluado de manera integral, prácticamente todo lo que hizo el Gobierno el día de la detención de los acusados era obligarles a hacer una declaración y cooperar”.

Los acusados no tenían experiencia en el tráfico de drogas. El memorándum recuerda la declaración ofrecida por Campo y Flores en julio de este año cuando narraron, según su versión, cómo ocurrió la detención en Haití y otros detalles de la operación que realizaron los agentes federales de la DEA. “Es necesario que esta corte tome en cuenta la declaración jurada de Campo y Flores, la cual corrobora todas las irregularidades ocurridas en esta operación”, dice el documento.

Pero además resalta que en aquella declaración reseñada por El Pitazo los acusados dejan claro que no tenían experiencia en operaciones de narcotráfico. En la audiencia en la que la Fiscalía ofreció nueve testigos, entre ellos informantes y agentes federales, la defensa interrogó al agente Sandalio González, quien afirmó que los sobrinos de Cilia Flores “no tenían la aeronave para realizar la operación, así me lo hizo saber El Sentado”.

La defensa también echó mano de los argumentos de los testigos que, paradójicamente, fueron desprestigiados por esta durante la audiencia y cita aquí el testimonio que aportó el agente González. “El testigo CS-1 afirmó también durante la audiencia que los acusados no tenían experiencia en tráfico de drogas”, dijo en el interrogatorio el agente González.

La mala fe de los testigos

Una tercera parte del documento lo ocupa la discusión sobre la mala fe demostrada por los testigos en la investigación. En esta ocasión se trata de alias “El Sentado”. Cita el expediente pasajes de la audiencia que se llevó a cabo a principios de septiembre y el interrogatorio realizado al agente Sandalio González con relación a las razones por las cuales no hubo registro del primer encuentro entre los sobrinos de Cilia Flores y “El Sentado”, aquel 4 de octubre de 2015 en Honduras.

González afirmó que había girado instrucciones a “El Sentado” para que condujera la grabación de la reunión, pero que este le había dicho que le fue imposible porque el encuentro se realizó en un restaurante. Más tarde, el informante, asesinado a finales de 2015, le envió al agente federal una foto del encuentro. “¿No fue en un restaurante, cierto?”, le preguntó la defensa al agente. “No”.

Supone la defensa que la mala fe no para allí. “ ¿La foto que recibió usted señor González le fue entregada después de requerirla numerosas veces a El Sentado y parece ser una captura hecha de un video?. “Correcto”, respondió el agente federal que lideró la investigación.

De igual forma ocurrió con el testigo protegido CS-1, quien ocultó su adicción a la cocaína a los agentes federales, lo cual es otra señal de mala fe de los informantes que usó el Gobierno en la investigación. “¿Si usted, señor González, hubiera conocido los hábitos de adicción de este testigo lo habría enviado a esta operación?”. “No”, respondió.

Concluye el extenso documento con el soporte a estos argumentos y sus respectivas jurisprudencias. “Si llevar a cabo una investigación de este tipo con informantes adictos y como se ha demostrado mintieron sobre estos hechos no es mala fe, entonces qué es mala fe”, se pregunta la defensa en el documento.

Los platos de la balanza contienen cada uno su peso argumental. Le tocará decidir al Juez Paul A. Crotty sobre si aceptar las pruebas evacuadas por las Fiscalía o si, por el contrario, ordenará la supresión de las imágenes de los acusados con el bloque de cocaína, las confesiones realizadas durante su traslado a EE.UU, los audios, fotos y videos recolectados durante las reuniones de los sobrinos de la pareja presidencial y los narcotraficantes e informantes de la DEA.

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