Vecinos de El Cujicito no quieren recordar la masacre de Óscar Pérez y su grupo

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| Foto: Rayner Peña R.

El 15 de enero de 2018 la urbanización amaneció tomada por un fuerte despliegue militar y policial | Foto: Rayner Peña R.

Un año después del despliegue de efectivos que acabó con la vida del expiloto e inspector del Cicpc Óscar Pérez y de las seis personas que lo acompañaban, vecinos del sector El Cujicito, ubicado en lo más profundo de la urbanización El Araguaney, de El Junquito, evitan responder preguntas sobre ese episodio y se resguardan con un firmazo que realizaron por iniciativa propia para prohibir el acceso a la prensa y los políticos.
Habitantes de la zona, quienes no quisieron revelar sus nombres por temor a represalias, indicaron a El Pitazo que ese 15 de enero de 2018 a muchos les tocó pasar día y noche en la entrada de la urbanización, mientras cerca de sus casas se escenificaban los acontecimientos que acabaron con la vida de Pérez y su grupo, un asesinato que incluyó la explosión de un lanzacohetes antitanque portátil de origen ruso, conocido con las siglas de RPG-7; como se verificó en un audiovisual que se hizo viral en las redes sociales horas después del suceso.
Las cuatro horas de detonaciones, el barrido de pruebas por parte de funcionarios, como denunció la diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano, y las continuas visitas de líderes políticos, hicieron que los habitantes de la zona dispusieran dos alcabalas, vigiladas por civiles, para evitar que desconocidos siguieran yendo al sitio donde fueron asesinados Pérez y compañía.
De acuerdo a un vigilante de la urbanización, este nivel de seguridad se desarrolló a mediados de agosto de 2018, tras realizarse una jornada de firmas y de cartas en las que aseguraban “sentirse invadidos” y “no tener privacidad”. El Pitazo confirmó que para lograr ingresar al conjunto residencial, el guardia de turno pide el número de casa y persona a visitar; si estos datos no corresponden a la lista, la persona será obligada a marcharse.
Los pocos lugareños dispuestos a hablar confirmaron que del chalet donde se escondía Óscar Pérez y sus seis compañeros “no quedó nada”. Del inmueble del que era dueño el médico cirujano Williams Alberto Aguado Sequeda, quien fue detenido el 16 de agosto de 2018 en la UD-5 de la parroquia Caricuao, municipio Libertador, “lo que dejaron fue ruinas y polvo”, indicó un vigilante de la urbanización. Según él “pasará mucho para que se sepa lo que allí pasó y le hagan justicia a ese pobre hombre”.

El caso de Óscar Pérez dejó 32 detenidos en 2018

Tras los hechos del 15 de enero, una ola de hostigamiento y persecución se desarrolló por parte del Estado venezolano. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW) y la organización no gubernamental Foro Penal, al menos 32 personas fueron detenidas de forma arbitraria durante 2018 por el caso.
Según Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano, la mayor parte de los detenidos por el caso son funcionarios policiales y militares, quienes fueron inculpados por los delitos de “traición” e “instigación a la rebelión” y recluidos en cárceles militares como Ramo Verde y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta, municipio Sucre.
De acuerdo con miembros del Foro Penal, los detenidos han padecido “abusos físicos y psicológicos, incluyendo golpizas, intentos de asfixia con bolsas plásticas, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y de acceso al baño y amenazas de muerte”. Además han sido privados de las visitas de sus familiares y también de conversar con sus defensores.
Por el caso Pérez solo se han dado siete liberaciones, por lo que quedan 25 personas tras las rejas por tener nexos con el expiloto del Cicpc. El 19 de diciembre se conoció que Yoardy Deyon, Juan Carlos Urdaneta, Laura Ruiz, primer teniente Robert Escalona, primer teniente Johander Ceiba, primer teniente Anderson Pérez,y un hombre que se dedica a la mecánica automotriz, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de Ramo Verde, recibieron medidas cautelares.
Eva Lugo Quintero; el primer teniente Simón Torres, el primer teniente Alberto Maita y primer teniente Sandoval pasaron al proceso judicial de ejecución tras admitir los hechos. Además de ellos, William Alberto Aguado Sequera y Antonio Pérez Cisneros también recibieron beneficios, pero por decisión del fiscal encargado del caso se encontrarán detenidos hasta la etapa de juicio. Se conoció que la defensa de estos detenidos logró que les sacaran de su expediente los delitos de traición a la patria y rebelión militar; por lo que serán enjuiciados por sustracción en calidad de encubridores.

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